¿Nueva Constitución o programa de gobierno?

Más que a una propuesta de Constitución, el texto que será sometido al escrutinio ciudadano el próximo 17 de diciembre se asemeja a un programa de gobierno hecho a la medida para un sector político específico.

El propio líder republicano José Antonio Kast no tuvo empacho en llamar a aprobar la propuesta que señalando que permitiría a su colectividad llegar a La Moneda con “el camino pavimentado”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Faltaron a su promesa los sectores que durante el proceso anterior llamaron a votar Rechazo para tener la oportunidad de elaborar un nuevo texto, unitario e integrador -una que nos una-. O no fueron capaces de frenar la asolada de la extrema derecha, o peor todavía, comparten la idea de que la constitución debe ser un texto partisano, extremadamente conservador en lo valórico pero muy liberal en materias económicas.

La consagración de un Estado social democrático y de derecho no sirve de mucho si, en la práctica, el texto aboga por el derecho a la propiedad, erosiona la recaudación fiscal, consagra la portabilidad de las cotizaciones obligatorias de salud o previsión entre los sistemas público y privado y profundiza el modelo de Mercado, donde quien más recursos posee, tiene también mayor acceso y posibilidad de elegir.

Tal como lo señalan en un artículo sobre este mismo tema los académicos Paola Bordón y Bernardo Lara, en la propuesta que votaremos el próximo 17 de diciembre “se hace evidente que, aunque se declaran derechos sociales, el financiamiento para la satisfacción de esos derechos se reduce. La propuesta parece sugerir que el derecho social más importante es el poder evitar al Estado”.

Poco aprendimos del proceso anterior. Si en el primer intento se responsabilizó a la extrema izquierda de proponer un texto demasiado idealizado y centrado en cuestiones identitarias y en el fortalecimiento del Estado, la nueva propuesta se instala en la trinchera del pragmatismo neoliberal. Son los mismos errores de fondo, pero ahora desde la otra esquina. No hubo, en este tiempo, ni el más mínimo interés en encontrar un camino común.

Aquellos que durante el primer proceso demandaban objetividad y razón, quienes exigían garantías y respeto hacia las minorías, hoy impusieron sus ideas y sus valores, sin reparos ni aprensiones.

La verdadera victoria de un proceso constituyente debería radicar en la capacidad de la nueva carta magna para reflejar las necesidades y aspiraciones de la sociedad chilena en su conjunto. Eso no lo logró el texto anterior y aparentemente éste tampoco lo conseguirá.

Al contrario, ha quedado instalada la sensación de hastío frente a la discusión constitucional. Y deberá pasar un buen tiempo antes de que como sociedad seamos capaces de generar un nuevo proceso de cambio constituyente, más serio, más profundo y con sentido de unidad.