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La democracia y los medios de comunicación conforman una relación de dependencia recíproca. Tanto así que podríamos afirmar sin exagerar que no se alcanza una verdadera democracia representativa sin el cumplimiento pleno de la libertad de prensa y del derecho a la información veraz.

Tampoco se logra un sistema de medios de comunicación plural, libres de conflictos de interés, si no existen condiciones democráticas. Esta interdependencia, la ciudadanía chilena ha podido comprobarla en carne propia a lo largo de estos 50 años, desde ese fatídico 11 de septiembre de 1973. Los perpetradores del golpe de Estado lo tenían claro: debían silenciar radios y diarios.

El Presidente Allende tuvo que pronunciar sus últimas palabras desde Radio Magallanes, dejándonos “una lección moral”, pues ya los golpistas habían bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Aún más temprano, a las 4 de la madrugada, tropas del ejército habían ingresado a los talleres del Diario Clarín impidiendo la entrega de la edición matutina del periódico que “firme junto al Pueblo”, era el de mayor circulación nacional.

La dictadura en sus primeras horas confiscó el Clarín, sus propiedades y maquinarias que hasta el día de hoy no han sido restituidas cómo tampoco se ha logrado su vuelta a circulación como lo han intentado sostenidamente sus propietarios, recurriendo en última instancia al CIADI. Es un caso en que se ha prolongado “la felonía, la cobardía y la traición».

Sobre el «caso Clarín» es frecuente que se publique en ciertos medios información incorrecta sobre el resultado del laudo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial con sede en Washington). Lo cierto es que el Estado de Chile ha sido condenado en el Laudo del CIADI de 2008 a indemnizar a los inversores españoles en las acciones de las empresas editoras del diario Clarín, Víctor Pey y la Fundación Presidente Salvador Allende, por violar el tratado de protección recíproca de inversiones entre Chile y España.

La Decisión de 2020 del CIADI ha confirmado la autoridad de cosa juzgada de esa obligación señalando que “Los dos tribunales [del CIADI] han exhortado a Chile a que indemnice a los Demandantes y a restablecer la legalidad y reparar los daños causados por el régimen militar” habida cuenta de la “invalidez de las confiscaciones”. Más aún, su ejecución forzosa está en curso en los Tribunales de España desde el 2020.

Es así como el 4 de julio de 2022, la parte ejecutada solicitó al Tribunal que pidiera al Ministerio de Relaciones Exteriores de España un Informe sobre la falta de jurisdicción para ejecutar el Laudo. El Tribunal accedió y el Ministerio respondió el 14-12-2022 confirmando la jurisdicción del Tribunal español.

El 14 de febrero de 2023 el Estado ejecutado solicitó al Tribunal que pida un segundo Informe al Ministerio. Al día siguiente, el 15 de febrero, los inversores españoles han fundamentado su oposición a esa petición.

Los legítimos propietarios del Clarín han reiterado en ese reciente escrito ante el tribunal español, su posición invariablemente expresada desde el inicio de este juicio. Copiamos: “Sin perjuicio de lo anterior, las partes ejecutantes reiteran su propuesta de acuerdo amistoso, continuada desde que el 29-05-1995 un Tribunal de Santiago le reconociera la propiedad de la totalidad de las acciones de CPP S.A. y EPC Ltda. y se las restituyera. Y reitera, en conformidad con el art. 56544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiestan su disposición a resolver la forma y calendario de cumplimiento de la obligación de indemnizar financieramente que establece el Fallo del Laudo que ha constatado la Decisión final dentro del sistema del CIADI del 8 de enero de 2020 del 2º Comité ad hoc”.

Más aún, la ratificación del TPP11 que hiciera recientemente el Presidente Gabriel Boric, con sus cláusulas de sometimiento forzoso de la resolución de las disputas a tribunales internacionales, reafirma que Chile debe cumplir de buena fe la obligación de indemnizar que el Laudo de 2008 declaró.

Después de 50 años de confiscación y del Laudo internacional cuya autoridad de cosa juzgada ha confirmado la Decisión de 2020, es tiempo de indemnizar el daño causado al Diario Clarín y posibilitar así la democratización del concentrado sistema chileno de medios.

Por Jorge Arrate Mac Niven y Roxana Pey Tumanoff

En el contexto de un nuevo aniversario del 18 de octubre, en el sureño.cl compartimos esta columna para aportar al debate sobre las nuevas fuerzas democrática transformadoras.

  1. Luego del golpe cívico militar de 1973 las fuerzas de avanzada social hemos vivido cincuenta años en posiciones generalmente defensivas. Para sobrevivir, primero, y luego para generar, por distintas vías, condiciones que posibilitaran recuperar una democracia básica. Medio siglo debió transcurrir para que Chile se estremeciera con una propuesta constitucional que transformaba de manera radical nuestro modo de vida. Las luchas del último trienio, de las que surge la Constitución elaborada por la Asamblea Constitucional, son un patrimonio político y dejan una huella en la conciencia de a lo menos cuarenta por ciento de los chilenos.
  2. Durante las dos décadas virtuosas de la izquierda chilena (1953-1973) se construyó un nudo poderoso entre los partidos políticos y las organizaciones y movimientos sociales de la época (trabajadores sindicalizados, pobladores, campesinos organizados, estudiantes). Desde entonces nunca ese vínculo entre las organizaciones políticas y las demandas sociales estructuradas se ha reconstruido. Por el contrario, los partidos han perdido legitimidad y presencia ciudadana y, si bien subsisten las expresiones sociales clásicas, un nuevo espectro de miradas, en especial de carácter identitario (ecológicas, feministas, regionales o locales, de pueblos originarios, por los derechos de los sexualmente diversos, etc.) han cobrado gran relevancia y tienen vuelo propio.
  3. El futuro nos desafía a quienes postulamos transformaciones radicales para nuestra sociedad a configurar una “fuerza” (no un “partido”) que corresponda al desarrollo y tiempos que vive la sociedad chilena, habitada por un “nuevo pueblo” (surgido de las últimas décadas marcadas por el neoliberalismo y su instrumento central, el mercado) heterogéneo, frustrado en sus expectativas, potente en sus explosiones, que exige un análisis más complejo que el puramente clasista. Sí, la lucha por las identidades ha irrumpido y roto la perspectiva de la izquierda del siglo XX. Solo una “fuerza” de nuevo tipo puede conjugar distintos vectores sociales en una sociedad tan desigual como la nuestra que clama por redistribución de poder, riqueza e ingreso.
  4. Una “fuerza” no es un “partido”, aunque puede, y seguramente requiere, disponer funcionalmente de un “partido” (definido por el SERVEL) como una de varias herramientas. Una “fuerza” es mucho más que un “partido” porque su función esencial en este tiempo es reconstruir una amalgama de la lucha política con la social y cultural y con las emergentes perspectivas identitarias.
  5. A cambio del sostén financiero público los “partidos” chilenos (SERVEL) se han convertido en entidades hiper reglamentadas, casi en aparatos de estado. El signo de Chile en el último medio siglo fueron las privatizaciones, lo único que se movió en dirección contraria fueron los “partidos”, hoy semi esatatales (si se me permite una ironía). Quizá es esta una de las razones de su alejamiento de la vida colectiva, cotidiana y real. Máquinas electorales manejadas por sectores de la élite, centros de poder para influir en el manejo del estado muchas veces a favor de grandes o pequeños intereses empresariales o personales. Ese modelo de “partido” no es la “fuerza” que necesitamos.
  6. Una fuerza transformadora disgregada, como la nuestra, debe inventar su propio modelo de organización. Para constituir una nueva “fuerza” debemos someter a revisión los clásicos conceptos como militancia, dirigencia, diferencias, disciplina. No lo hemos hecho, absortos en las regulaciones vigentes, en la diferenciación legal entre “partidos” organizados según la ley y grupos o movimientos estructurados de algún otro modo, pero que no reciben soporte financiero del estado. Los “partidos” parecen creer en una superioridad sobre esas organizaciones (o sobre los independientes) que está lejos de ser acreditada por la ciudadanía.
  7. A lo menos dos elementos son indispensables para que esa “fuerza” exista: uno, debe ser una comunidad de valores y principios compartidos y, dos, debe tener una conducción superior política y ética, al mismo tiempo, que, para ser efectivamente superior debe nacer desde los grupos organizados de base.
  8. La construcción de esta fuerza requiere diálogos y acuerdos de distintos niveles y no se logrará de la noche a la mañana o para siempre. Por eso es deseable pensar en grados y etapas para los compromisos sucesivos que se requieran.  
  9. ¿Cómo se resuelven las diferencias dentro de una nueva “fuerza”? ¿Basta la imposición de los criterios de mayoría o una minoría significativa puede también tener derechos y sostener sus posiciones sin provocar rupturas? ¿Cómo se milita en esa fuerza? ¿Redes, territorio, redes y territorio, lugar de trabajo? ¿Cuáles son los procesos para conformar la dirigencia? ¿Cómo operarán las paridades, la de género y aquella otra no formulada hasta ahora pero necesaria entre dirigentes políticos y dirigentes sociales? ¿O todos debemos ser ambas cosas y la militancia política solo es completa si se basa en una militancia social? ¿Habrá algún criterio para que las diversas generaciones estén representadas? ¿Qué autonomía tendrán las organizaciones regionales?

En fin, son muchas las interrogantes y es hora de abordarlas. Para hacerlo no hay otra que lanzar tejos a la raya y correr el riesgo de algún desatino.

Santiago, 5 de septiembre de 2022.

Jorge Arrate