Ministra de la Mujer y EG Antonia Orellana por debate sobre Aborto Legal: «confiamos en que habrá sectores de la oposición que lo comprenderán»
El Sureño accedió a una entrevista con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (respondida por escrito). Esto, tras realizarse la Conferencia de Estados Parte de la Convención Belém do Pará en Santiago la semana pasada. Chile preside dicha instancia, a manos de la propia secretaria de Estado.
Orellana planteó que el proyecto de ley de Aborto Legal -anunciado por Gabriel Boric en su última Cuenta Pública- tendrá un proceso de diálogo que, espera, esté a la altura de la circunstancias, dada la composición actual del Congreso.
También abordó las dudas que quedan respecto a la legislación sobre violencia de género y el rol del Poder Ejecutivo para combatirla.
Avances
Tras la conferencia de Estados Parte de la Convención Belém do Pará, y con la promulgación de la Ley Integral en contra de la violencia de género en Chile, ¿es suficiente el avance legislativo?
En los últimos años, nuestro país ha avanzado de forma importante en normas legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Asimismo, durante nuestro Gobierno, hemos sido impulsores de varios de estos avances legislativos y programáticos. Ejemplo de ello son las leyes de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias y la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta última entró en vigencia este 14 de junio, después de 7 años de tramitación en el Congreso. En lo concreto, esta normativa busca coordinar a los diversos órganos del Estado en materia de prevención, investigación, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, para que –de manera conjunta- puedan intervenir de manera eficiente y entregarles más protección y seguridad a las víctimas.
Los avances normativos, así como el hecho de presidir una convención internacional como la de Belém Do Pará, generan un marco que sin duda contribuye a propiciar y acelerar los cambios sociales necesarios para el abordaje de la violencia de género. Solo como ejemplo, las sucesivas normativas han permitido tipificar como femicidio casos que antes era calificados como un homicidio común, vedando esta realidad a ojos de la sociedad. Asimismo, han permitido mejorar el acceso a la justicia, ya sea para las víctimas o sus familiares, y acceder a procesos de reparación, entre muchas otras acciones. Por supuesto, estas normas no garantizan por sí solas la erradicación completa de la violencia de género, porque como siempre decimos, esta es estructural, y, por lo tanto, requiere de un cambio que nos involucra a todos y todas, incluidas las instituciones.
Este año han aumentado los femicidios en relación a 2023, según los datos del Ministerio. ¿Qué otras herramientas específicas tienen como Poder Ejecutivo para luchar contra la violencia de género en todas sus formas?
La violencia de género es un problema estructural que no distingue zonas geográficas, ni sectores políticos ni socioeconómicos. Por eso, como Estado estamos enfrentando este problema de seguridad pública intersectorialmente, con un trabajo coordinado entre las instituciones que conforman el circuito intersectorial de femicidios (CIF).
Además, como administración hemos comenzado un proceso de fortalecimiento del SERNAMEG y la modernización de su línea de atención a víctimas en base a la evidencia y evaluaciones previas, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio que contribuya de forma efectiva a la prevención, abordaje y reparación de la violencia contra las mujeres. Esta modernización ha permitido aumentar los recursos destinados a la atención que brinda el SernamEG, particularmente de la línea de atención a víctimas, que en el Presupuesto 2024 creció en 5,2%, pero también para la oferta programática que apoya la labor de cuidados y que promueve la autonomía económica de dueñas de casa, emprendedoras y trabajadoras en todo Chile. Son más recursos que permitirán llegar a más mujeres; si en 2023 se atendieron 60 mil, se espera que este año la atención llegue a 79 mil.
Asimismo, pusimos urgencia y prioridad a la Ley Integral contra la violencia de género porque permitirá una mayor diligencia de todos los organismos involucrados, evitando el archivo de casos y promoviendo un mayor resguardo de las medidas cautelares, entre muchas otras disposiciones fundamentales para el actuar de los distintos órganos del Estado.
Igualmente, como mencionaba anteriormente, es importante considerar que hoy contamos con una mejor legislación, que permite calificar adecuadamente casos que años atrás no eran tipificados como femicidio. Por ejemplo, con la entrada en vigencia de la Ley Gabriela cambió el tipo penal de femicidio hacia relaciones sin convivencia, y desde 2021, delitos que antes eran considerados como lesiones graves o menos graves, son calificados como femicidios frustrados. A estas legislaciones se suma el trabajo de más de 10 años del Circuito Interseccional de Femicidios, cuya coordinación interinstitucional se ha ido fortaleciendo, lo que también es clave para determinar cuándo estamos ante casos de femicidios. Si miramos un poco más atrás, las agresiones que sufrió Nabila Rifo fueron consideradas como lesiones graves. Había una resistencia a ocupar esta figura y esto se ha ido revirtiendo gracias al trabajo coordinado, que propicia que Carabineros abunde en más detalles en su reporte o que el servicio de salud reporte más datos en el parte médico.
Sabemos que la post pandemia trajo un aumento de violencia contra las mujeres, algo que también se ve en la Región de Los Lagos. Este aumento está asociado, entre otras cosas al descenso en la autonomía económica de las mujeres, que es reconocida como un factor de prevención. La última Encuesta Nacional de Empleo dice que recuperamos la tasa de inserción laboral, que ya es una buena noticia, que se suma al trabajo que estamos haciendo en prevención, atención y reparación de la violencia de género, al trabajo legislativo y de coordinación interinstitucional para lograr justicia en estos casos.
En territorios como Chiloé, donde las Casas de Acogida no son suficientes, ya que funcionan como proyectos, y muchas veces levantadas por organizaciones ¿cómo se puede incidir en esos aspectos?
Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sabemos que brindar atención inmediata, en estos casos, es clave para asegurar la seguridad y protección de las víctimas. Es por eso que en la Región de Los Lagos contamos con la oferta completa del servicio. Hay 3 residencias transitorias de cobertura regional, dependientes de SernamEG. Una de ellas se encuentra en la Provincia de Chiloé y cuenta con la capacidad de recibir a mujeres víctimas, debido a la naturaleza de las situaciones de violencia que enfrentan. Es importante dejar en claro que estas no funcionan como proyectos levantados por organizaciones, sino que forman parte de la oferta programática que entrega el SernamEG, lo que implica que existe tanto presupuesto asignado, ejecutores y profesionales involucrados.
Sin embargo, como Gobierno, nos interesa seguir ampliando la oferta en esta materia; por esa razón, este 2024 reabrimos el Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de Castro, ampliando su oferta para brindar una atención más integral a las víctimas, abordando todas las formas en las que se ejerce violencia de género, no solo la de pareja. Con esto, se entrega una atención especial a situaciones graves que amenazan la vida y la libertad de las mujeres, impactando su integridad física, mental y sexual.
¿Ha logrado el Estado hacerse cargo de las estructuras que se han levantado por medio de las organizaciones históricamente?
Como Estado, y a través de SernamEG, tenemos una red de centros de atención, prevención y reparación que, por supuesto queremos seguir fortaleciendo, y es por eso que estamos llevando adelante este rediseño que se hace cargo de una de las mayores demandas de las mujeres, que es la atención jurídica y psicosocial. Ahora, la historia de la lucha de las mujeres en Chile debe mucho a los movimientos y organizaciones sociales levantadas por mujeres de la sociedad civil, y eso es un aliciente para seguir avanzando conjuntamente.
Aborto Libre y Derechos Reproductivos
¿Con quién están trabajando el proyecto de Ley de Aborto Libre? ¿Con quienes les falta sentarse a conversar?
Este fue un anuncio realizado por el Presidente en su Cuenta Pública, por lo tanto, en estos momentos estamos planificando este trabajo que, como en todos los proyectos que hemos llevado adelante, tendrá un proceso de diálogo y participación, y no me refiero solo al necesario diálogo prelegislativo, sino también con organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. El detalle de este proceso participativo, así como los detalles del diseño de este proyecto, serán dados a conocer oportunamente.
¿Cómo se pretende marcar la diferencia en el proyecto con el fin de que se logre conversar y discutir con los sectores que siempre se han opuesto al proyecto? y que se apruebe, finalmente.
Creo que, en un Estado democrático, las diferencias siempre deben resolverse con diálogo y más diálogo. Probablemente, hubo una primera reacción un poco visceral de algunos actores, pero eso ha ido decantando y eso nos anima a buscar el diálogo que se necesita.
Hay que recordar que las conquistas de las mujeres se han dado en distintos momentos y circunstancias. Por ejemplo, se consiguió el derecho al voto sin que en esa época existiera ninguna mujer parlamentaria.
Creemos, como ha dicho el Presidente, que este es un debate que debemos dar como país, con la mayor altura de miras, poniendo en el centro a las mujeres. Por eso, esperamos que esto se dé en un diálogo respetuoso y constructivo, y confiamos en que habrá sectores de la oposición que lo comprenderán así.
¿Está pensado como un proyecto que inicie una discusión más que un proyecto factible de aprobar considerando la composición del Congreso?
Nuestro objetivo como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es presentar a discusión democrática una propuesta que logre el máximo acuerdo posible. Hay distintos modelos y debemos hacer una revisión exhaustiva para definir cuáles son las características que deben reunir para poder aplicarse en Chile. Dentro de nuestro propio país también se han planteado distintas propuestas también, desde que Laura Rodríguez presentara la primera en los años ‘90. Está también la propuesta del programa de gobierno de Yasna Provoste, respecto a las 14 semanas. Respecto de la composición del Congreso, insisto en que las conquistas de las mujeres se han dado en distintos momentos y circunstancias.
¿Cómo se abordará la objeción de conciencia en el proyecto? Ya en las tres causales hay problemas debido a que en recintos públicos de algunas comunas (Osorno, por ejemplo) no hay médicos dispuestos a realizarlos
Por eso es tan importante el diálogo y la participación, pues no solo nos permitirá nutrir esta propuesta, sino que también identificar más claramente las dificultades y anticiparnos a ellas. Una de las complejidades de las cuales deberemos hacernos cargo es que, aun con la legislación actual, las mujeres que califican dentro de las 3 causales han tenido problemas para su acceso. Para eso también nos estamos haciendo cargo en lo inmediato, y es por eso que en la Cuenta Pública el Presidente también anunció que ingresamos modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, que tienen como objetivo fortalecer el derecho a la información de las pacientes y también a la continuidad de la atención, para que las mujeres no deban seguir deambulando para poder acceder a algo que, en su caso, es un derecho.
La Región de Los Lagos es un claro ejemplo de esta problemática. De hecho, en Chiloé se presentó el primer caso de negativa para interrumpir un embarazo por la causal de violación. Se trató de una menor de 13 años que solicitó esta prestación apenas tres días después de la promulgación de la Ley. Sin embargo, no hubo médicos en la zona dispuestos a realizar el procedimiento, por lo que tuvo que ser trasladada a Santiago. En Osorno también tuvimos -en 2018- un 100% de los ginecólogos de la red pública declarados como objetores de consciencia.
¿Sólo se contemplan métodos asistidos por equipos médicos?
Hemos planteado que no adelantaremos detalles de este proyecto, pues se respetarán las etapas, y dentro de ellas, la primera es la etapa de diálogo y la participación. Lo único que hemos adelantado es que la posición de nuestro gobierno es aborto legal, es decir, no solo despenalizar, porque eso no modifica la situación de clandestinidad que existe hoy en día y no resuelve el problema de salud. Legalizar permite poner el foco en las mujeres que menos recursos tienen, pues permite entregarles garantías de salud. También hemos señalado que, como en todos los países donde el aborto es legal, habrá límites de semanas.
Sistema de Cuidados, Sala cuna y Ley que concilia vida familiar y trabajo
¿Cómo se trabaja en la protección de mujeres que no están incorporadas en el sistema formal de trabajo respecto del reconocimiento de la labor de cuidados no remunerada?
Un objetivo importante de nuestra administración ha sido recuperar las tasas de participación laboral femenina que se vieron fuertemente afectadas durante la pandemia. Este año pudimos recuperar la tasa de participación laboral femenina a niveles previos a la pandemia, lo que es una buena noticia, pero no es suficiente. No nos podemos quedar ahí, debemos seguir avanzando en participación y también en formalidad del trabajo, por eso nuestro compromiso y urgencia en esta materia. En este sentido, la valoración de las medidas de flexibilidad en que hemos avanzado como gobierno– como la ley de 40 horas o de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral- muestran que vamos por buen camino, tanto en conciliación como en aquellas iniciativas que buscan fomentar la inserción y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo. Lo relevante de estas normas es que también consideran la corresponsabilidad, para que nuestra sociedad pueda ir avanzando en la distribución de los cuidados y que esta no sea una mochila que llevan en solitario las mujeres.
En este contexto, seguiremos impulsando el Sistema Nacional de Cuidados, para quienes requieren cuidados y quienes cuidan a personas con dependencia; y, por otra parte, también avanzaremos en la agenda Sala Cuna para Chile, y en particular, en el proyecto que presentamos este 6 de mayo para ampliar este beneficio a padres y madres, independiente de si trabajan de modo independiente o del número de trabajadores de la empresa. Actualmente en el código del trabajo este beneficio solo se asigna a las madres que trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras y eso causa costos de contratación, un desincentivo a la formalización del empleo femenino y limita el acceso al beneficio. Eso lo queremos cambiar.
¿Es factible crear incentivos para que las mujeres que viven en esa realidad (trabajos informales que les permitan ejercer de cuidadoras) puedan mejorarla?
Nuestro objetivo en esta materia es más formalidad y más participación laboral de las mujeres, porque la autonomía económica es fundamental también para prevenir la violencia. Ahora, en materia de cuidados, estamos impulsando la corresponsabilidad de los cuidados, a nivel familiar y también social, y por supuesto, el apoyo y acompañamiento del Estado en estas tareas que sabemos que son fundamentales para una sociedad.
En este sentido, seguiremos robusteciendo los instrumentos ya creados, como el Registro Nacional de Personas Cuidadoras y la credencial que les brinda acceso preferente a servicios estatales y públicos; iniciamos la creación de Centros Comunitarios de Cuidados en todo el país, donde las personas que cuidan y quienes requieren cuidados puedan encontrar ayuda, compañía y apoyo; y presentamos un proyecto de ley que permita al Estado ir planificando la ampliación y crecimiento del Sistema de Cuidados Chile Cuida. Además, el Presidente Boric comprometió que al término de nuestro gobierno, el año 2026, las cerca de 75.000 personas con dependencia funcional severa de nuestro país van a tener apoyo del Estado en el cuidado domiciliario, lo cual repercute directamente en la calidad de vida de las cuidadoras que son, como mencionaba, por abrumadora mayoría mujeres.
Sala Cuna para Chile: previo a la presión de los sindicatos de funcionarios/as de educación inicial, ¿no se había tomado el peso a la precarización de la educación inicial con su privatización?
Es importante señalar que como Gobierno y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hemos mantenido el compromiso de avanzar en un proyecto de sala cuna para Chile que tuviese entre sus pilares la calidad de la educación inicial, la corresponsabilidad y la participación laboral de las mujeres. Por eso, el 8 de marzo del año pasado el Presidente anunció una propuesta para ampliar el derecho a sala cuna, que eliminaba la exigencia de mínimo de 20 mujeres para extender la obligación del empleador a todas las mujeres trabajadoras y que además sumaba el derecho a padres trabajadores, para promover la corresponsabilidad parental. Lamentablemente, al ser rechazada la reforma tributaria, no hubo financiamiento, pero hemos mantenido el compromiso y eso por eso que el 6 de mayo presentamos la agenda Sala Cuna Para Chile, que consiste en dos proyectos: una indicación sustitutiva total al proyecto para reformar el Código del Trabajo y ampliar el derecho a sala cuna y, al mismo tiempo, un proyecto de Modernización de la Educación Parvularia que ingresamos a la Cámara de Diputados y Diputadas.
Ambas propuestas fueron construidas bajo los pilares de la Ley de Garantías de la Infancia, la corresponsabilidad entre padres y madres, el principio de progresividad laboral y también el resguardo de la calidad educativa de los establecimientos de educación parvularia. Y algo fundamental, ambas son resultado de un diálogo junto a las organizaciones sindicales de la educación parvularia, académicos y la sociedad civil.
¿Están preparadas y preparados los y las funcionarias del Estado para hacer valer todas estas leyes promulgadas durante su gestión relativas a la equidad de género?
Sabemos que una parte fundamental de la implementación de las políticas públicas pasa por el conocimiento que las y los funcionarios tengan de ellas, por eso mismo nos hemos preocupado de la formación en materias de género dentro del Estado, por ejemplo, a través del Plan Prevenir que estamos implementando escalonadamente junto a la Dirección Nacional del Servicio Civil, para la formación y capacitación para los trabajadores y trabajadoras del nivel central y subnacional en materia de género y diversidad, con enfoque territorial y de derechos humanos.
