Desmantelan Oficina Local de la Niñez (OLN) Osorno a menos de un año de su implementación

El 31 de diciembre pasado, a pocos meses de su implementación por Ley en abril de 2024, la Oficina Local de la Niñez (OLN) de Osorno desvinculó a siete trabajadores. Incluso, dentro de estas personas se encuentra quien estuviera a cargo de la coordinación de la OLN. Una situación que llama la atención, considerando la importancia de la consolidación de los equipos a cargo de la promoción, protección, prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones de los derechos de la niñez y adolescencia. Y es que esa es su función, según establece la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Además del coordinador de la OLN Osorno, fueron desvinculados gestores/as territoriales, gestores de casos y personal administrativo de la oficina. Todos prestaban servicios vía convenio por honorarios, por lo que vieron truncadas las posibilidades de continuar con este trabajo. Además, los trabajadores fueron notificados de la decisión recién el día 30 de diciembre. Cabe señalar que las y los trabajadores de la OLN Osorno prestan sus servicios al municipio local. Este, a su vez, recibe recursos para funcionar desde la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social.

La OLN Osorno se ubica en el cuarto piso del Centro de Atención al Vecino del municipio en calle Bilbao.

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A la deriva

Según señalaban desde la Municipalidad en abril, el foco del trabajo de la OLN Osorno estaría en la prevención de vulneraciones de los derechos de NNA. Esto, a través de la identificación de factores de riesgo y la implementación de acciones, a nivel familiar y de red, que apunten a disminuir aquellas afecciones impiden el crecimiento de las nuevas generaciones. A su cargo, la OLN tiene el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Osorno.

Además, entre las y los desvinculados, había cerca de cuatrocientos a quinientos casos de vulneraciones de derechos que se estaban trabajando. Todos estos mantenían un plan de intervención que va entre los seis a los veinticuatro meses. Hasta ahora, al menos públicamente, no se ha hecho un llamado a concurso para suplir esas plazas. Así, muchos casos siguen a la deriva.