Ingresan primera tanda de querellas por violaciones a DD. HH. en Los Ríos y Los Lagos
Un nuevo paso en busca de la verdad, la justicia y reparación dieron desde la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile (UNExPP). Esto luego de la presentación de la primera tanda de querellas por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
El trámite se concretó este jueves 30 de marzo en dependencias del Ministro en Visita Extraordinaria ubicadas en Temuco. Hasta allí llegaron representantes de la UNExPP, víctimas y abogadas de la Defensoría Comunitaria. Se ingresaron en esta oportunidad las primeras seis querellas contra el Estado de Chile. Se trata de casos de personas provenientes de Llifén, Desague Riñihue, Neltume, Los Lagos y Río Bueno.
Las víctimas son Rosamel Huadal, Emilio Albornoz, Rosa González, José Millanguir, José Navarrete y María Osman. Todos ellos tienen una historia que remite a prisión política y torturas durante la dictadura cívico militar. Se calcula que entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos son alrededor de 400 los casos de violaciones a Derechos Humanos en aquel período.
Responsabilidad del Estado
Para Nelly Cárcamo, presidenta de la UNExPP, este importante paso se da por el no cumplimiento del Estado con sus obligaciones. «Aquí y ahora denunciamos al Estado de Chile y responsabilizamos a todos sus administradores. De acuerdo a los tratados internacionales que suscribió, este debe perseguir la responsabilidad penal de los criminales y no lo han hecho. Nos condenaron a que nosotros mismos tomemos la iniciativa de ir en contra de la impunidad. El Estado, con todo los recursos a su disposición, nos traspasa forzosamente esta acción a un grupo de víctimas envejecidas y empobrecidas», afirmó tajante.
Es por eso que, tras el ingreso de la primera tanda de querellas puntualizó: «entendemos la justicia como un elemento que tiene tres ámbitos. Debe perseguir la responsabilidad de los torturadores o criminales, castigarlos ejemplarmente para que esto no vuelva a ocurrir y reparar a las víctimas como corresponde. El Estado de Chile no ha cumplido en ninguna. Sólo un puñado de criminales están presos en un hotel cinco estrellas como Punta Peuco».
Y agregó: «si el Estado y sus administradores saben perfectamente que existe esas deuda, por qué no la solucionan políticamente. De esa manera le llegaría la solución e indemnización a todas las víctimas. Muchas veces están en sectores rurales, no reciben la información y, a veces, no tienen idea de que tienen el derecho».
Sigue el trabajo
Una de las abogadas de la ONG Defensoría Comunitaria, Marcela Coronado, explicó que el trabajo realizado lleva más de un año y medio. Primero se firmó un acuerdo entre ambas organizaciones y se empezó a investigar de acuerdo a los antecedentes que podían recabar. Así se presentó la primera tanda de querellas.
«Traemos seis casos. Nos costó mucho tiempo poder contactar y ganarnos la confianza de las personas, porque no es fácil. Muchas veces han contado su relato y, con justificada razón, creen que no va a haber justicia. Pero salió y logramos unir a todas sus familias, a hijos, a nietos. Cómo va traspasándose ese daño, ese trauma y lo vivido es algo que nos ha sorprendido mucho», señaló.
También definió la motivación del trabajo como un «acto político». Y añadió: «Son ciertas convicciones que nosotros tenemos. Se tienen que reparar ciertas situaciones para poder seguir adelante. No vamos a poder avanzar nunca a la par o tener una sociedad justa si hay ciertos grupos que no han sido reparados por el Estado. Esta es la primera tanda, son muchos casos, a nosotros nos van a pasar alrededor de cuatrocientos casos. Nos pasaron una primera tanda de ochenta y de todo eso hemos podido trabajar en alrededor de veinte. Después de un año de trabajo salieron estas seis querellas, no es fácil recabar antecedentes y comunicarse».
Camila Huentequeo, otra de las abogadas que trabajó en los casos, afirmó que esto también se trata de un trabajo de memoria viva. «Para nosotras la memoria se ejerce de este tipo de formas, a propósito de los cincuenta años del golpe. Algunos ven con recelo las actividades, porque ven que puede ser un momento de instrumentalización política. Estos actos, que son más concretos y específicos y menos pomposos, siento que pueden llevar a efectos mucho más radicales y reparadores», dijo.
