Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Osorno: «esperemos que antes que termine este gobierno tengamos soluciones»

Cincuenta y dos personas entre los 15 y los 64 años aparecen en la nómina de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Osorno. La primera ejecución fue en contra del entonces presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres, Reinaldo Rosas Asenjo (17), el 13 de septiembre de 1973. La última persona en la nómina es José Avelino Runca (50), detenido y desaparecido el 14 de diciembre de 1985. El total, que abarca a las siete comunas de la provincia, está compuesto por cincuenta hombres y dos mujeres.

Desde 1975 que se organizó y comenzó a tomar forma la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la provincia de Osorno. En aquellos años, y a través de la Radio La Voz de la Costa, comenzaron a reunirse las mujeres que no claudicaban en su búsqueda personal. Los llamados eran a tejer, a tomar once, a reunirse, en definitiva. La búsqueda de justicia y verdad tomaba fuerza colectiva, a la que se sumó posteriormente la iglesia católica.

Según la información registrada en el Museo de la Memoria, «la mayoría de sus integrantes eran personas del campo y de la costa. Las reuniones se hacían, en un comienzo, en los pasillos del Colegio San Mateo de los Jesuitas. Posteriormente no pudieron seguir reuniéndose en este Colegio, ya que era mucha gente la que llegaba a los encuentros de familiares. Recibieron el apoyo de distintos abogados, entre ellos Oscar Álvarez quien llevó a cabo un proceso en 1978. En éste se presentaron 18 querellas, las que fueron sobreseídas por la Fiscalía Militar».

Ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Osorno

Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno ubicado en Avenida Juan Mackenna, entre Eduviges y Zenteno.

Sobreviviendo

A la agrupación que reúne a familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Osorno se le sumaron parientes de otras cinco personas de Santiago que ahora viven en la zona. Aún así, desde el interior de la organización reconocen que cada vez es más difícil reunir a todos y todas sus integrantes. Muchos ya han fallecido y el interés por la búsqueda se agotó en los círculos más íntimos de las víctimas.

Angélica Gallegos, presidenta de la agrupación, e Inés Barria, primera directora de la misma, van a participar en una actividad por los 50 años del golpe en Entre Lagos. Es domingo 10 de septiembre de 2023 y el bus que las llevará a la comuna de Puyehue llega con cerca de media hora de retraso. Con ellas van Elena Fierro Valderas, hija de Joel Fierro y Blanca Valderas, además de otras dos personas de la agrupación. El resto de asientos van vacíos.

Van cincuenta años desde que las Fuerzas Armadas y Carabineros, con complicidad de la CIA y el gobierno estadounidense, instauraron la dictadura cívico militar en Chile. Desde las primeras horas del golpe que comenzó la persecución y exterminación de personas. Hubo persecución política, pero también indiscriminada a chilenos y chilenas sin militancia alguna. Van cincuenta años de búsqueda.

 

Al centro: Angélica Gallegos, presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno.

A la derecha: Inés Barrera Basay, primera directora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno.

Plan Nacional de Búsqueda.

Y ahora, con un Plan Nacional de Búsqueda presentado por el gobierno, conversamos con ambas familiares de detenidos desaparecidos de Osorno. Para Angélica Gallegos, este anuncio refleja «que el presidente (Boric) tiene una intención buena pensando que se pueden conocer los lugares donde están nuestros familiares. Eso, para nosotras, es una garantía del Estado. Pero también tenemos que pensar que las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente en Osorno, nunca nos han dicho la verdad de lo sucedido».

La presidenta de la agrupación asegura que durante todo este tiempo han «estado en la intensa búsqueda de lugares, para poder encontrar restos y osamentas para poder sepultarlas dignamente. El plan de búsqueda es una intervención del Estado para poder lograr la tranquilidad de los familiares. Hay un gobierno que tuvo la audacia de hacer esto que pasará a la historia como uno de los grandes hitos del presidente Boric».

En tanto, Inés Barría, primera directora de la organización, destacó  «la valentía del presidente Boric en hacer este plan. Los gobiernos anteriores no han tenido voluntad política, pero sí intenciones y se quedaron en eso. Creo que levantando el pacto del silencio que hay en las Fuerzas Armadas se podría lograr saber del destino de nuestros familiares. A nivel nacional, nos reunimos para trabajar esta propuesta del plan que presentamos al presidente y al ministro de Justicia. De esa propuesta nació este plan, con la gran mayoría de los puntos que nosotras presentamos».

Cruzando datos

Cuando se comenzó a diseñar el plan, se barajó la alternativa de comenzar a investigar desde cero cada una de las 1.469 víctimas de desaparición forzada. Algo que a las y los familiares les pareció «una revictimización cuando la información ya está. Ya sea en el Poder Judicial, en la Vicaría de la Solidaridad. Ese fue uno de los puntos. Ahora se va a cruzar la información de todas las organizaciones que nos atendieron desde el principio. Creo que en el Poder Judicial, lo que declararon los asesinos y torturadores, también debe haber algo de verdad. Algo se va a rescatar y se va a investigar», según Barría.

Inés Barría, hermana de los detenidos desaparecidos de Osorno, Héctor y Guido Barría, relata que tiene ilusión en que este cruce traiga resultados positivos. «El Poder Judicial se encargó y se dedicó sólo a buscar culpables o responsables, para dar las míseras condenas. Pero no investigó dónde dejaron a nuestros familiares. Hay mucha verdad ahí, que tiene que investigarse y cruzar la información para llegar a ese destino. Estamos bien ilusionados en que se puede lograr ahora. Aunque, mientras no levanten el pacto de silencio los uniformados, creo que será un poco más difícil llegar a la verdad», afirma.

Para la directora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno, hay un lugar donde se puede encontrar la verdad. «Todos los que participaron y vestían el uniforme en la época, todavía quedan muchos vivos y ellos tienen la verdad. Como también yo creo que la verdad está en los cuarteles», apunta.

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Antes de que termine el gobierno

La generación de este Plan Nacional de Búsqueda, que tiene carácter de política de Estado, implica una responsabilidad de celeridad por parte del gobierno impulsor. «Esperamos que esto avance como tiene que ser, sin saltarse ningún hito, sin dejar cosas sin investigar. Esperemos que antes que termine este gobierno tengamos soluciones. Yo no sé si se va a lograr todo, esperemos que sí se avance en cantidad importante», recalca Inés Barría.

Según explica la dirigenta, «ya se ha visto como han escuchado nuestro clamor, porque el Poder Judicial ya no te está dando las condenas irrisorias que daban al principio. Ahora sí se está castigando a los culpables con condenas relativamente importantes. Nada nos va a dar la tranquilidad por las condenas que ellos tienen, pero sí marca la responsabilidad de ellos, que siempre la negaron. Siempre éramos nosotras las que mentíamos; eran los ‘posibles’ detenidos desaparecidos de Osorno. Los ejecutados siempre eran quienes morían en enfrentamientos».

Barría siente que, al menos, algo de justicia hay con el reconocimiento de la verdad. «Todas esas mentiras de las cuales se nos acusaban, hoy en día está más que claro que la verdad que, desde un principio, dijimos, es. Tengo mucha esperanza de que esto resulte, pero si no llegase a resultar no va a ser por la voluntad política de la actual administración. Si tenemos que luchar por más tiempo, nosotras lucharemos por el tiempo que sea necesario para saber la verdad y tener justicia. Otro hito que salió de nuestra propuesta es que el plan sea una política de Estado», adujo.

50 años

Para conmemorar los cincuenta años del golpe militar, el gobierno, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, coordinó variadas instancias. En la región se levantaron mesas de trabajo por provincia. Eso no impidió que, las propias organizaciones, se auto convocaran para sumar actividades al calendario. Muchas de estas agrupaciones tuvieron que reencontrarse.

Angélica Gallegos evalúa las coordinaciones de la conmemoración como «buenas, porque las distintas organizaciones de derechos humanos son particulares. Por decir una forma, estamos nosotras que somos los y las familiares directos, están los presos políticos y están los exonerados. Además está el conjunto de organizaciones sociales que trabaja con nosotras. Tuvieron la valentía y el querer saber una respuesta sobre nuestros familiares. Con ellos nos organizamos en la mesa, en la coordinadora por los 50 años, se hicieron bastantes iniciativas».

En tanto, Inés Barría, precisa que fue «el Estado quien violó los derechos humanos y es el Estado quien debe responder por ello. Valoro y agradezco la valentía de este gobierno en poner mucho énfasis en esto que son los 50 años que estamos luchando, buscando verdad y justicia. Es toda una vida y nosotras nos consideramos, como la gran mayoría de las organizaciones con sentido, que somos la reserva moral del país. No podemos decir lo mismo de la clase política, ya no se sabe quién es derecha y quién es izquierda, no hay diferencia en aquello».

Actividades

El reciente lunes 11 de septiembre, la agrupación coordinó la marcha del mediodía desde la Plaza de Armas hasta el Memorial de los Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Osorno. Por la tarde también organizaron la tradicional velatón que se hace en el mismo lugar. Lo hacen para «conmemorar y decirle a los compañeros y a los familiares que estamos presentes en la lucha por verdad, justicia y una reparación moral para todos los familiares. Estamos profundamente heridos y heridas porque no hemos podido sepultar a nuestros familiares. La herida está abierta, ni perdón ni olvido», dice Gallegos.

Velatón 11 de septiembre 2023 en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Provincia de Osorno.

Barría destacó las actividades realizadas durante el año. «Tuvimos una presentación de una obra teatral sobre la vida de Reinaldo Rosas. Él fue un joven dirigente estudiantil, asesinado por la espalda en la vía pública, sólo tenía 17 años. La obra se trataba de la vida de él como dirigente estudiantil y como se vivió el 11 de septiembre en Osorno. Así como esa obra han habido otras que han tenido muy buena recepción del público», comenta. Ambas integrantes de la agrupación remarcan las actividades de la Universidad de Los Lagos.

La directora de la agrupación adelanta que «esta conmemoración va a terminar en diciembre con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí vamos a tener una participación importante también. En noviembre tenemos una cantata, donde se habla de las violaciones en Neltume y alrededores, a través de un conjunto que se creó en la agrupación de familiares de Valdivia».

Memoria y futuro

Ante la oleada de negacionismo que surgió en amplios sectores de la derecha política, esta conmemoración trajo consigo la importancia de conservar la memoria histórica. «Hay tanta información seria, que es muy fácil obtenerla. Creo que es voluntad y responsabilidad de cada uno de los jóvenes de informarse para realmente saber y luchar por un país que ellos quieran tener. Mientras exista este negacionismo, no vamos a avanzar», sostiene Inés Barría.

Y agrega: «Hoy (domingo) vamos a Entre Lagos, porque lamentablemente la alcaldesa UDI (Jimena Núñez) es una negacionista. Ha negado y ha desautorizado todas las organizaciones de derechos humanos siendo ella una sobrina de un detenido desaparecido que encontramos hace más o menos 20 años. Le pudimos dar sepultura al compañero Martín Núñez, ella es sobrina directa, sin embargo, ejerce ese negacionismo desde su familia».

Angélica Gallegos cree que las nuevas generaciones «con este plan de búsqueda y con la conmemoración de los 50 años del golpe, los jóvenes han podido relacionarse un poco más con los hechos que ocurrieron. Creo que eso ya es una base. Nosotras tenemos dolor, pena y nunca vamos a olvidar lo que nos pasó, porque lo que le pasó a cada familiar fue un desastre moralmente. Nos partieron nuestras familias. Eso es importante que el mundo lo sepa».

«Nada justifica un quiebre democrático. Quienes fueron los partícipes de ese quiebre democrático hoy quieren seguir siendo gobierno. Entonces ¿cómo tú crees que ellos pueden ser defensores de la democracia si siguen negando lo ocurrido? «, concluye Barría.

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