En medio de un escenario político enrarecido producto del denominado «Caso Hermosilla», la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arrojó luces sobre lo que podría ser una trama de corrupción de grandes proporciones. En una vocería realizada el miércoles, Vallejo sostuvo la tesis de la existencia de «indicios» que apuntan hacia una posible «red de corrupción de cuello y corbata». Estas afirmaciones, se enmarcan según la ministra, en los antecedentes proporcionados por la fiscaliza en el contexto de la  formalización del ex director general de la PDI, Sergio Muñoz.

Desde el Gobierno hemos señalado que aquí hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, dado los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización y que terminaron además con la prisión preventiva del exdirector general de la PDI, la… pic.twitter.com/VOHyTwwtL7

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) March 20, 2024

Los comentarios de la ministra han generado un revuelo inmediato, especialmente después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instara a Vallejo a proporcionar cualquier información relevante a la fiscalía. «Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa», declaró Valencia en respuesta a las afirmaciones de la ministra.

Los hechos

Los eventos que han llevado a esta situación se remontan al 14 de noviembre del año pasado, cuando CIPER reveló un explosivo audio en el que los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos discutían el presunto pago de coimas a funcionarios públicos con el empresario Daniel Sauer. Este hallazgo condujo a una investigación penal por parte de la fiscalía, que incluyó un allanamiento a la oficina de Hermosilla en Vitacura, donde se incautó su teléfono celular.

Lo que los investigadores descubrieron en los chats de Hermosilla fue impactante. Tan pronto como Sergio Muñoz asumió el cargo de director general de la PDI, el 10 de junio de 2021, comenzó a filtrar información confidencial al abogado. El intercambio de mensajes reveló detalles sobre investigaciones en curso, incluyendo casos que implicaban al expresidente Piñera, al exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, y al exintendente de Lo Barnechea Felipe Guevara.

 

Conflictos de interés en la cúpula del poder

De acuerdo con las últimas revelaciones de CIPER, durante las dos administraciones del expresidente Piñera, Hermosilla habría recibido al menos $239 millones a través de contratos de asesoría sin licitación. Estos contratos, tanto por honorarios individuales como por convenios con su estudio jurídico, plantean serias preguntas sobre posibles conflictos de interés y malversación de fondos públicos.

Ante estas revelaciones, surgen interrogantes sobre la integridad del sistema y la responsabilidad de las figuras de poder en el manejo de los recursos públicos. ¿Cuánto más hay bajo la superficie? ¿Quiénes más podrían estar implicados en esta presunta red de corrupción? Estas son preguntas que solo el tiempo y una investigación exhaustiva podrán responder. Pero lo que queda claro es que la sombra de la corrupción sigue acechando los pasillos del poder en Chile.

Cuatro mujeres que ejercieron como funcionarias de la Dirección Nacional de Junaeb, y que fueron despedidas a fines de noviembre de 2023, mantienen un proceso para reintegrarse a sus funciones. El organismo, dependiente del Ministerio de Educación (Mineduc), habría rescindido de sus servicios sin una justificación válida. Así lo dice un dictamen emanado desde Contraloría y un informe de la Mesa de Reconsideración que resolvieron en dos situaciones distintas. La Asociación de Funcionario de Junaeb, AFAEB, presentó las solicitudes para evaluar las medidas tomadas por la institución.

Natalia Ramos, directora de AFAEB, planteó a El Sureño que estas situaciones comenzaron «cuando se inicia la notificación de no renovaciones de contratos 2024. Allí fueron afectadas estas cuatro funcionarias de las que estamos hablando. Una de ellas, durante el mes de febrero, tuvo un pronunciamiento de Contraloría, en donde se indica a la institución su reintegro inmediato. Aún ella no ha sido notificada ni reintegrada a la institución».

Los otros tres casos fueron llevados a la Mesa de Reconsideración, instancia articulada desde la Mesa del Sector Público con el Ministerio de Hacienda. «Como AFAEB presentamos los casos, los defendimos ante representantes de la DIPRES, del Servicio Civil, de Hacienda y de la ANEF. La mesa emitió una recomendación a Juaneb enfocadas en el reintegro de estas funcionarias. Recomendaron una renovación parcial durante seis meses a tres de ellas. Aún no han reintegradas, no hay una respuesta de la institución», señaló la dirigenta.

Pasadas a llevar

Según esgrimió Natalia Ramos, la falta de respuesta institucional «se siente cómo una falta de valoración y atención a los derechos de las y los funcionarios. Estamos hablando de mujeres, madres, pilar económico en sus familias. Nos molesta esta situación, son derechos ganados mediante luchas sindicales por años. Son acuerdos entre asociaciones gremiales con el gobierno, son reivindicaciones de la lucha por la equidad de género en todos los espacios, más aún marcados por este 8M. Hoy en día estamos viendo que los escenarios cambian pero las luchas deben continuar. Las injusticias laborales se mantienen y es por lo que como dirigentes sindicales seguimos adelante».

Ramos indicó que «la decisión de reintegro recae específicamente en la secretaria general de Junaeb, Camila Rubio. Ella, finalmente, tiene la última palabra y la decisión. Hay otros funcionarios que participan de estas instancias, como el área de gestión de personas, el área jurídica. Son funcionarios que tienen un rol que cumplir en estas instancias, pero no son quienes toman la decisión».

La dirigenta de AFAEB apuntó que han enviado correos electrónicos a los puestos directivos y competentes «haciendo alusión a esta carta. Ellos desconocían la recepción del documento, indicando que la jefatura de Gestión y Desarrollo de Personas había sido la única persona que había recibido esta carta. Y, además, estaba con feriado legal. Entonces nosotros a pesar de eso, durante el feriado legal de esta funcionaria, enviamos la carta vía correo electrónico. Nos indicaron que recabarían información, acción de la cual, a la fecha, no conocemos la resolución del tema».

Llamado al gobierno

La idea, dijo Ramos, es que el gobierno no permita que se haga caso omiso a las recomendaciones (Circular Nº20 de Ministerio de Hacienda) y a los dictámenes de entes fiscalizadores. «Cuando Contraloría indica un reintegro tienen que proceder, y respecto de la Mesa de Reconsideración, que es una instancia formal de gobierno, las recomendaciones emanadas son de carácter serio y con argumentos de peso por parte de actores mandatados a resguardar los procesos», expuso.

«Lo que nosotros pedimos como AFAEB, es que, en un gobierno que se declara feminista y pro funcionarios públicos, se nos escuche y se cumpla con celeridad. Estamos llamando al gobierno, al ministro de Educación, del que estamos bajo el alero,  y a nuestra secretaria general, a la consecuencia en los mensajes hacia la clase trabajadora y al país», añadió.

Además, Natalia Ramos remarcó otra de las consecuencias que ha traído este problema a las funcionarias. «El daño emocional que se produce a las y los trabajadores durante este proceso. Nos hemos reunido con las afectadas para informar de los avances, no nos parece este proceder por parte de la Institución. Hay una afectación emocional, por que estamos hablando de su futuro laboral y todo lo que esto conlleva en términos personales. Creemos firmemente que sería un tremendo retroceso en cuanto a los derechos laborales y sindicales que se hiciera caso omiso a estas indicaciones y recomendaciones. Esto no sólo para los funcionarios de Junaeb, sino también para la clase trabajadora del sector público», cerró.

 

El Congreso de Chile ha aprobado de manera transversal la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Esta ley establece las bases y lineamientos para abordar la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones y los deberes del Estado en esta materia. El Gobierno del Presidente Boric otorgó prioridad legislativa a esta iniciativa, ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile en 2017.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, expresó su satisfacción tras la aprobación de esta iniciativa después de casi siete años de tramitación. Destacó el trabajo de la sociedad civil y la votación transversal en la Cámara y el Senado, lo que demuestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad nacional que debe abordarse mediante acuerdos amplios.

La Ley Integral proporciona un marco normativo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, acorde con los compromisos de Chile derivados de la Convención de Belém do Pará, ratificada en 1996. Entre sus disposiciones, la ley mejorará la fiscalización de las medidas cautelares y ampliará su alcance más allá de las relaciones filiales o de convivencia.

Gestión integral

Además, la ley fortalecerá el rol del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas, garantizará asistencia judicial gratuita a las víctimas de violencia de género y reconocerá a los niños y niñas como víctimas directas de la violencia contra sus madres o cuidadoras. Establecerá un sistema de gestión integral de casos para una intervención más eficiente de los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer.

Esta ley define el concepto de violencia de género y sus diversas expresiones, desde un enfoque preventivo, propiciando la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención. Asimismo, establece los deberes de los órganos del Estado en la materia, mandatándolos a actuar con estándares de debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia y evitar el archivo de casos.

Un cambio significativo es la disposición que elimina la atenuante de haber actuado por arrebato o una ofuscación tenaz, promoviendo una mayor responsabilidad y rigurosidad en el tratamiento judicial de la violencia de género.

En un fatídico suceso, se confirmó la muerte del expresidente Sebastián Piñera (74). Esto ocurrió producto de un accidente de helicóptero ocurrido este martes en medio del Lago Ranco, región de Los Ríos. El trágico evento tuvo lugar a las 14:57 horas en el sector rural de Ilihue.

Según los primeros reportes, la aeronave despegó en medio de una jornada lluviosa en la zona y, luego de unos minutos de vuelo, perdió sustentación y cayó. En el helicóptero se encontraban además tres familiares del exmandatario: una hermana, su cuñado y un nieto. Afortunadamente, lograron salir del helicóptero y llegar a la orilla. Sin embargo, el piloto, identificado como el expresidente Sebastián Piñera, no logró salir de la aeronave.

El fuselaje, con el expresidente en su interior, quedó sumergido a unos 40 metros de profundidad. Tras intensos trabajos realizados por buzos especializados, el cuerpo del exmandatario fue recuperado desde el fondo del Lago Ranco. En medio de la consternación y el dolor, se inicia una investigación para determinar las razones que provocaron la precipitación de la aeronave.

Este trágico accidente ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional. Sebastián Piñera, quien ocupó la presidencia de Chile en dos periodos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022), fue una figura política influyente en la derecha del país. Las muestras de condolencias y solidaridad no se han hecho esperar, tanto de parte de líderes políticos como de la población en general. Los detalles sobre el funeral y los homenajes póstumos se darán a conocer en las próximas horas.