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Por Yanina Díaz.
El camino que ha adoptado el nuevo proceso Constituyente no es de mi agrado, sin embargo, mi responsabilidad ciudadana me exige participar y no perder la oportunidad de explicar a la sociedad mis ideas para democratizar el país, construir una economía que beneficie a las mayorías e instalar, sin vacilaciones, la paridad en la actividad pública y privada.
Debo ser franca y señalar mi descontento, con la fijación de límites a la redacción de la nueva Constitución, a espalda del pueblo. Me inquieta también que las y los constituyentes que seamos elegidos recibamos un texto redactado por unos “expertos”, designados.
Creo firmemente en la democracia y por ello estimo que la ciudadanía es la que debe tener la última palabra en los asuntos del país, especialmente cuando se trata de la Carta Magna, la que orientará el quehacer de nuestro país, equitativo, solidario, respetuoso de las diferencias y de la amplia gama de derechos humanos.
Aunque los mínimos democráticos han sido vulnerados en este nuevo proceso constituyente, yo haré mis mayores esfuerzos por informar a la ciudadanía sobre el tipo de Constitución que requiere nuestro país, teniendo presente que la participación ciudadana será esencial en este proceso de reemplazo de la Constitución elaborada a espaldas del pueblo por Pinochet-Guzmán.
Les diré, entonces, a mis electores y a toda la ciudadanía lo siguiente.
En suma, espero ser elegida para defender la elaboración de un nueva Constitución que favorezca el avance democrático que necesita el país; pero, además, que abra el camino a un efectivo desarrollo económico, que permita el crecimiento, junto a la instalación de los indispensables equilibrios sociales y medioambientales, que exige nuestra sociedad.
Por una Constitución que nos Cuide.
Yanina Díaz
Candidata consejera constitucional
Distrito 13
Durante las últimas semanas, la gran noticia que se ha llevado la atención de los medios de comunicación nacionales, además del mundial de fútbol y la clasificación de Argentina a la final de la copa, ha sido el famoso acuerdo constituyente.
Pero ¿de qué se trata es este acuerdo?
Ante los resultados del plebiscito del 4 de septiembre y frente al sentir de la mayoría de chilenas y chilenos en relación a la necesidad de una nueva constitución, es que los políticos han intentado ponerse de acuerdo para un nuevo proceso constituyente.
Después de largos 3 meses, finalmente esta semana, los partidos políticos con representación en el parlamento, lograron cerrar la negociación presentando “El Acuerdo por Chile”.
Según el documento firmado por los presidentes de partidos, el acuerdo contempla 12 bases constitucionales; un consejo constitucional con 50 representantes electos (a la región los Lagos elegiría en total a 3); una comisión de 24 «expertos» seleccionada por el Congreso, quienes escriban un anteproyecto de la constitución; una comité de admisibilidad compuesta por otros 14 «expertos» juristas; y un plebiscito ratificatorio con votación obligatoria.
El proyecto de reforma constitucional se ingresará a la brevedad, por moción parlamentaria que se presentará en la Cámara de Diputados y Diputadas, y se solicitará al Ejecutivo, discusión inmediata de manera tal de que el itinerario que se propone sea factible:
a. Enero 2023: Instalación de Comisión Experta.
b. Abril de 2023: Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio.
c. 21 de mayo de 2023: Instalación del Consejo Constitucional.
d. 21 de octubre de 2023: Entrega proyecto de Constitución de la República de Chile.
e. 26 de noviembre de 2023: Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio
A continuación les presentamos los detalles de la propuesta para que puedan sacar sus propias conclusiones.
El resultado del plebiscito del 4 de septiembre hizo crecer las ansias de la derecha, amarillos e incluso sectores de la ex Concertación por reemplazar a la ciudadanía en un nuevo proceso constituyente. Tanto los que quieren mantener la Constitución de 1980, como los que están dispuestos a algunas reformas, olvidan que el Poder Originario radica en el pueblo.
Algunos políticos del Congreso, que intentan asumir la dirección del proceso constituyente se permiten fijar límites normativos (“bordes”), para la elaboración de un nuevo texto constitucional. Además, han propuesto una restricción adicional a la voluntad popular: el que exista un “árbitro institucional” con poderes omnímodos para garantizar el cumplimiento de tales bordes (ya sea el Senado, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional).
A estas limitaciones, la derecha agrega una aún más grave: exige que la redacción del texto constitucional la lleve a cabo una comisión mixta, conformada por mitad “expertos” y otra mitad de personas elegidas por la ciudadanía.
Estos parlamentarios y políticos, defensores del actual orden de injusticias, se toman atribuciones que no les corresponden ya que contravienen el derecho del Poder Constituyente para redactar la carta magna.
Frente a la deriva antidemocrática sobre el tema constitucional, Plataforma Socialista señala:
Plataforma Socialista
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