Exigen avanzar en regulación tras asesinato de cultivador medicinal de cannabis

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Profundo dolor y pesar produjo la noticia del asesinato del cultivador medicinal de cannabis, Felipe Bejares, socio y fundador de la Corporación Santa Eugenia. Los hechos sucedieron este miércoles 12 de abril. Cuatro delincuentes disfrazados de funcionarios de la PDI llegaron hasta su domicilio en el sector Rincón de Yáquil de Santa Cruz, región de O’Higgins. Allí le robaron gran parte del cultivo colectivo medicinal perteneciente a las y los socios de la corporación. Al tratar de defenderse, Bejares recibió un disparo en el muslo que le provocó la muerte tras llegar al hospital local.

Los criminales huyeron en dos vehículos. Uno de los delincuentes fue ubicado en la comuna de Teno, según informó la Policía de Investigaciones. Además, en medio de la trágica situación, su esposa Catalina León fue detenida por Carabineros cuando acompañaba a Felipe en el Hospital. Ser la representante legal de la corporación y habitar la casa donde estaba el cultivo fue la justificación de la policía. La Defensoría Penal Pública pudo interceder en su favor logrando que la liberen.

Felipe fue un reconocido activista cannábico, además de sobreviviente de un cáncer. De hecho, a partir de esa agresiva enfermedad, y la quimioterapia para tratarla, fundó la corporación. La comunidad cannábica ha mostrado su dolor en las últimas horas por el asesinato del cultivador medicinal de cannabis.

Desprotección

En febrero, Felipe y Catalina estuvieron presentes en el Festival LatinoameriCannabis organizado por Cultiva Puerto Montt. La presidenta de esta organización, Carol Varas, mostró su preocupación por este tipo de casos. «Cuando ves allanamientos legales o estas ‘mejicanas’ que hacen los delincuentes, ves que no tenemos protección. Incluso nos llevan detenidos como presuntos delincuentes. Es preocupante cómo está funcionando todavía».

Opinión que comparte Mariana Pérez, presidenta de Movimental, organización pionera del activismo cannábico en Chile. «Estamos consternados. Felipe y Catalina son miembros de la comunidad, es muy triste lo que pasó. Creemos que esto es resultado del abandono al paciente y al usuario de cannabis. Muchas veces nos vemos dificultados a acceder a las policías, porque corremos mucho riesgo de ser criminalizados. Legislativamente hay una desprotección gigante y un desamparo del Estado. Hay un enfoque prohibicionista, que no piensa en el usuario, sino en la sustancia», aseguró.

Respecto de la Ley Antinarco aprobada hace algunas semanas, Carol Varas dijo que «tampoco favorece a los cultivadores, sigue tendiendo al prohibicionismo». Recordemos que uno de los cambios a la ley es proteger a los cultivadores de las detenciones si tienen su receta médica. Sin embargo, parece no ser suficiente. «Sigue en la guerra constante contra las drogas y no apunta a la regulación del mercado», reflexionó la activista.

Mariana Pérez agregó que «lo de la indicación medicinal de la Ley Antinarcos era para proteger a los usuarios de la persecución que se va a venir más reforzada. Siempre que han hecho este tipo de endurecimiento a la persecución del narcotráfico, hay una cacería de brujas a los usuarios. El 70% de los delitos de cannabis son de personas usuarias, y no de personas que trafican y que venden».

Regulación

Son 53 las diputadas y diputados que conforman la Bnacada Regulación por la Paz. en su mayoría son oficialistas, más diputados del PDG. Ana María Gazmuri, una de las caras visibles del activismo cannábico en la cámara y parte de la bancada, se refirió a los lamentables hechos. Además, aseguró que el camino es regular la política de drogas.

«Estamos consternados por esta tragedia. El narcotráfico es el hijo predilecto de la prohibición y eso es lo que tenemos que entender. Mientras no tomemos la decisión de avanzar regulando y arrebatándole este mercado al crimen organizado, nuestro éxito contra la delincuencia va a ser parcial. No veremos avances reales. En la bancada tenemos la plena convicción que regular es cuidar. La falta de atención del Estado a ponerle prioridad al tema ha permitido que ocurran situaciones tan trágicas como la de Felipe», afirmó Gazmuri.

Además del deleznable asesinato del cultivador medicinal, la diputada evidenció más situaciones preocupantes para usuarios. «Tenemos la situación de Elías Ortega, condenado a cinco años y un día en Los Ángeles por cultivar tres plantas de cannabis con prescripción médica. El fin de semana fue allanada una amiga en Peñalolén. En Arauco pasará a control de detención el hijo de un paciente acreditado que cultivaba para su padre. No entiendo esta insensatez de la Fiscalía. Hoy no alcanzan las manos, los recursos ni el personal para perseguir el crimen organizado. En cambio, se malgasta tiempo y recursos en perseguir a familias que sólo buscan una mejor calidad de vida», dijo.

En tanto, la presidenta de Movimental expuso la posición de la organización. «Exigimos regulación integral del cannabis. Creemos que se deberían regular todos los tipos de acceso, no solo el autocultivo. Dispensarios a cargo del Estado o de privados, pero debe existir la forma de poder abastecernos y no tengamos que recurrir al mercado negro. Democratizar el acceso es importante», indicó.

Abril, peligros mil

La cosecha de marihuana cultivada en exterior en el hemisferio sur se produce principalmente entre fines de marzo y de abril. Esto ha llevado a que los cultivos colectivos y personales estén en el ojo de los delincuentes en esas fechas.

«La situación actual es desesperada. Por eso en enero, cuando no se alcanzó a terminar la votación de la Ley Antinarco, yo estaba tan preocupada. No daban los plazos y podíamos tener un abril trágico como estamos teniendo», planteó Ana María Gazmuri.

Mariana Pérez, por su parte, recalcó ese riesgo que corren cultivadoras y cultivadores. «Es amenazante tener plantas. Nos pone en el objetivo de estas bandas criminales, y eso pasa todos los abriles. Cada vez que es época de cosecha hay un miedo,un estrés de parte de las personas que cultivan. Sobretodo los que tienen cultivos más grandes para usuarios medicinales. Es una crisis que se vive dentro de la comunidad y estamos desamparados frente a ese oleaje que se viene en abril», alertó.

Esta es la declaración pública de la Bancada Regulación por la Paz de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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