Vecinos de La Laja en Puerto Varas exigen el cese de funciones de Interaseo en relleno sanitario por contaminación y daños

Este miércoles, durante el Concejo Municipal de Puerto Varas, se votará por tercera vez la opción de caducar el contrato de la empresa Interaseo para operar el relleno sanitario La Laja. Y es que desde la administración aseguran que es la opción ante las denuncias e investigaciones por verter lixiviados a cursos de agua contiguos. Vecinos del sector La Laja redactaron una carta para ser firmada buscando apoyo para que se apruebe el cese de la operación.

Esto, dado que en las dos oportunidades anteriores fueron los mismos tres concejales los que se opusieron a la medida. Se trata de los ediles Marcelo Salazar (UDI), Juan Patricio Godoy (IND)  y Antonio Horn (RN), quienes incluso, el 14 de marzo pasado visitaron el relleno. En aquella ocasión Horn reveló a El Sureño el motivo de la visita.

«Andábamos fiscalizando la operación del relleno sanitario. La información que a nosotros se nos da viene totalmente de un lado que es la Administración Municipal. Nosotros necesitamos corroborar en terreno la información que se nos ha entregado. Fuimos a ver la planta físico químico, fuimos a ver las piscinas, fuimos a ver las famosas mangueras del vertimiento irregular que hubo», dijo.

Comunidad

Boris bravo Aburto, uno de los vecinos de La Laja en Puerto Varas, redactó la carta por la que están juntando apoyo. Esto lo hacen, según se plasma en la misiva, «como habitantes del territorio afectado  por la desastrosa gestión del relleno Sanitario la Laja». Gestión a cargo de la empresa Interaseo, «quienes sin ninguna contemplación desde el año 2019 vierten líquidos altamente contaminados  a esteros que alimentan el Santuario de la Naturaleza de los humedales del río Maullín«, agregaron.

Solamente durante este año, vecinos de La Laja han realizado 25 denuncias a la autoridad ambiental por malos olores y daño ambiental. La comunidad se ha manifestado en reiteradas oportunidades, rechazando y denunciando lo que califican como atentados contra la salud de las personas. Ante estas denuncias, el pasado 8 de febrero, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la autoridad sanitaria  realizaron fiscalizaciones. Allí se evidenciaron descargas de lixiviados sin tratar a esteros colindantes que alimentan el Santuario de la naturaleza.

El 29 de febrero fueron las Brigadas de Laboratorio de Criminalística (LACRIM) y de Delitos Medioambientales (BIDEMA) de la PDI las que llegaron a fiscalizar. En dicha oportunidad se constataron la existencia de mangueras e instalaciones diseñadas para descargar lixiviados. Se hacía de forma soterrada a escondidas y de noche. El 25 de marzo se realizó la última fiscalización por parte de la autoridad sanitaria, confirmando las faltas constatadas anteriormente. 

Las y los vecinos de La Laja invitan a firmar el siguiente formulario para tener el apoyo de la comunidad puertovarina: https://forms.gle/XBHP8NpbkoAMStvr9

Visita a la empresa

El concejal Antonio Horn añadió sobre la visita realizada al relleno sanitario que se gestó de manera privada entre los tres concejales. «Había información que nos llamó la atención. Considerando que quizás el alcalde lo va a volver a subir a tabla una tercera vez, queremos llegar a una tercera votación con la mayor cantidad de antecedentes. Nosotros no coordinamos nada, llegamos de improviso. No queríamos poner en alerta ni avisar a los funcionarios del relleno sanitario», sostuvo.

Lo que vio, según sus palabras, fue «la operación específica, el nivel de ingeniería que tienen, sistemas de automatización con sistemas de escala. La complejidad que existe dentro del relleno sanitario, se lo digo como ingeniero eléctrico, yo he operado plantas de energía, es bastante importante. Se nos comentó que existía una planta físico-químico que no trabajaba y que no tenía personal. Vimos que la planta es semi-automática, la planta que trabaja por sí sola. Hay unos químicos que se le agregan para nivelar el pH de la piscina». Según Horn, al momento de llegar al relleno pidieron la presencia de algún funcionario de la Asociación de Municipalidades, pero habrían sido ignorados.

En tanto, el concejal Marcelo Salazar dejó entrever que las fiscalizaciones podrían estar orquestadas por la actual administración. Acusó que funcionarios y funcionarias de esta, y de la autoridad ambiental y sanitaria, llegaron muy rápido a ver el vertimiento de lixiviados. Además, aseguró que su posición es velar por las arcas municipales, por lo que una querella por parte de la empresa podría causar daño económico.