Por Roberto Pizarro Hofer

La comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, ha sido arrasada por las llamas de los incendios forestales. Más de un 70% de su superficie ha resultado afectada, lo que ha llevado a declarar a su alcaldesa, Ana Albornoz, que sería conveniente que se implementara un royalty por la explotación forestal. Discurso similar tuvo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Ambas autoridades fueron desautorizadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, con argumentos, aparentemente sólidos:  la industria forestal «no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty», porque no se trata de un recurso no renovable; agregó, además, que ello no está contemplado en el programa de gobierno.

El royalty es el pago que hace un tercero al poseedor de un derecho que, a cambio de ello, puede obtener un beneficio económico. Es el caso de la minería, explotación de carácter no renovable, cuya propiedad es de todos los chilenos, lo que habilita al Estado entregar su producción a un tercero, cobrándole una suma determinada por ese derecho: el royalty. Y, como la explotación forestal es renovable y de propiedad privada, no aplicaría el royalty. Es el argumento de la ministra.

Sin embargo, en la práctica, ello no se ha aplicado en Chile, y por ello estimo que no es completamente cierta la argumentación de la ministra Tohá.

En efecto, en nuestro país no se ha implementado un royalty a la explotación del cobre.  Tanto en 2005, durante el gobierno del presidente Lagos, como posteriormente en 2016 con el gobierno de Piñera, lo que se legisló fue un “impuesto específico” y no un royalty. El argumento era que Chile no estaba recibiendo lo que le correspondía por los ingresos de la explotación minera. O sea, una típica fundamentación impositiva y no asociado a una concesión.

Así lo dice el presidente Lagos: “Mediante este impuesto, Chile recibirá lo que en justicia le corresponde por sus riquezas, en el cobre y en otros minerales. Y podrá disponer de ellos, ya que son indispensables para nuestro desarrollo futuro.” Y, agregó que: “con este impuesto derivado de la extracción, podemos generar un fondo para la investigación, la ciencia y la tecnología” (Discurso Lagos al firmar la ley 20.026, Codelco, 27 de mayo, 2005).

Entonces, el presidente Lagos aplica un “impuesto específico” a las utilidades que genera la explotación del cobre y, además, para propósitos de investigación.

Pero, en realidad, no se implementó un royalty y, cuando se revisa el presupuesto, esos mayores recursos tampoco se destinaron a investigación y desarrollo, sino se usaron para gastos corrientes.

Pero, lo más importante es que las forestales no debieran permanecer impunes por su responsabilidad en los incendios del sur y también por otros impactos negativos, derivados de sus procesos de explotación. Es lo que exige regulaciones gubernamentales efectivas y, por supuesto, la aplicación de un impuesto específico a sus utilidades.

Entonces, la precisión conceptual de la ministra Tohá sobre el royalty no se ha hecho efectiva en nuestro país. Por tanto, nada impide al actual gobierno implementar también un impuesto específico a las explotaciones forestales. Hay razones más que suficientes para ello, las que se encuentran en el propio programa de gobierno del Presidente Boric.

En efecto, el programa señala: “Se hace urgente transformar el actual sistema forestal hacia patrones más sustentables”, porque hay deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad degradación de suelos y agotamiento de recursos naturales. Y, el propio programa agrega, que es necesario derogar el Decreto Ley 701 para instalar un nuevo marco que regule los tamaños de cosecha, con incentivos “para privilegiar la forestación y reforestación, con especies nativas”.

La regulación y nueva estrategia que propone el programa de gobierno requerirá recursos y éstos debieran provenir de las inmensas ganancias que han obtenido las forestales, las que se vieron favorecidas con el inexplicable subsidio que, con el DFL 701, le otorgaron todos los gobiernos, desde el régimen de Pinochet.

Si se establece un impuesto específico a las forestales, los recursos obtenidos debieran servir para varios propósitos: elaborar una estrategia más sólida, para enfrentar con mayores recursos humanos y materiales los incendios de verano, suficientes; replantar especies nativas; apoyar emprendimientos de las comunidades indígenas; y, hacer, de verdad, investigación y desarrollo para que las astillas de madera de exportación se puedan transformar en productos de mayor valor agregado.

Si se regula con seriedad la explotación forestal y se aplica un impuesto específico a sus utilidades se cumpliría el programa de gobierno y las forestales pagarían así la deuda que tienen pendiente con la sociedad chilena.

Me parece que, más allá de precisiones conceptuales, las expresiones del ministro de Agricultura y de la alcaldesa de Santa Juana, apuntan en dirección correcta.