Este lunes sesionará por última vez la Comisión Mixta que zanjará el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tras 12 años en el Congreso. La ley SBAP, por sus siglas, incluye un artículo referido a las concesiones sectoriales dentro de las áreas protegidas. Este fija condiciones para que las industrias de diferente tipo puedan, en la eventualidad, operar al interior de estas. En el caso de la industria salmonera, entre las regiones de Los Lagos y Magallanes hay 1.359 concesiones vigentes. 426 de ellas están en áreas protegidas.

El proyecto de ley SBAP establece 6 categorías de conservación para áreas protegidas. Se trata de Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y Área de Conservación de Pueblos Indígenas. Las tres primeras se consideran de estricta conservación, mientras que las tres siguientes se consideran como áreas de uso sustentable.

El artículo en cuestión plantea:

“Artículo 158.- Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales, parques marinos y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura.

Aquellas zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas quedarán excluidas de toda actividad de cultivos de especies hidrobiológicas exóticas.” 

Pese a que el proyecto no incluye en ninguna parte la retroactividad de la norma, desde la industria salmonera insisten en que se perderán 70 mil empleos. La ley SBAP establece que las empresas que ya operan podrán seguir haciéndolo mientras dure su concesión o se extinga la actividad. Desde 2010 las concesiones duran 25 años, donde 132 de las 426 concesiones fueron otorgadas desde ese año. La misma ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, salió a aclarar por Twitter la no afectación al empleo por parte de la ley.

Enmendar un error

Juan Carlos Viveros, coordinador del Movimiento Defendamos Chiloé, asegura que son los propios chilotes los que ven los daños que la industria provoca en el territorio. «En la región de Los Lagos, particularmente en el archipiélago Chiloé, la industria lleva cuatro décadas. Por lo tanto, quienes somos más expertos en saber cuáles son los graves daños e impactos de la industria somos los chilotes. La industria salmonera provoca impactos en los ecosistemas y la biodiversidad de fiordos y canales de todo el sur. Dentro de áreas protegidas y fuera de ellas», plantea.

Es por eso que, dice, junto a otras organizaciones ambientalistas del sur, esperan que el Estado «enmiende el rumbo». Viveros afirma que la ley SBAP es una especie de solución al que llama «gravísimo error» de tener estas concesiones en áreas protegidas. «Queremos que podamos tener un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas sin el impacto grave de estas concesiones», recalca.

Desde la ONG Oceana Chile, dedicada al cuidado de los océanos, su directora ejecutiva Liesbeth van der Meer, coincide con el análisis. «Se trata de un retroceso gigantesco. Durante el gobierno anterior se había acordado que las únicas concesiones que podrían entregarse en las áreas protegidas serían para actividades de investigación científica, educación y turismo. Se dejarían atrás aberraciones que actualmente se permiten como la existencia de granjas salmoneras, concesiones mineras e industriales, dentro de áreas protegidas como, por ejemplo, al interior de las reservas», señala en su última columna.

Complicado escenario

En primera instancia, el análisis que se hace por parte de sectores a favor de que no se otorguen más concesiones es que es una votación difícil. Además, casos como el del senador por la región de Los Lagos Fidel Espinoza, militante socialista, contradicen la postura del gobierno. Espinoza ha salido a defender la opinión de las salmoneras argumentando el tema de la supuesta pérdida de empleos.

Para Juan Carlos Viveros se trata de argumentos falsos para una campaña de desinformación. «No podemos caer en este tipo de caricaturas, en este tipo de argumentos falsos, incluso de mentiras, llamando a marchas por algo que no es cierto. Se manipula falsa y dañinamente un debate que debe ser con altura de miras. Debe ser en base a la protección de ecosistemas que van a venir a frenar la emergencia climática y biológica. La ley SBAP no es retroactiva. Al no ser retroactiva, no toca a las concesiones que ya están detrás de estas áreas protegidas, las cuales van a seguir operando. Ahí se le caen todos los argumentos a estas personas y gremios» asevera.

El diputado Jaime Sáez y la diputada Emilia Nuyado también afirmaron a El Sureño que el proyecto regula al futuro y no es retroactivo. Sáez destaca que el «proyecto tiene el respaldo de las autoridades económicas del gobierno. Es un proyecto de ley cuyo foco fundamental es crear una institucionalidad pública que se hace cargo de la conservación y de la gestión de aires protegidas. Los desafíos de la industria son múltiples y hay que enfrentarlos con criterio de Estado y con visión de país. Debe hacerse en la siguiente legislación tanto de la ley de Pesca como en la ley de Acuicultura que el gobierno va a enviar».

Llamado a la conciencia

Viveros espera que sean la misma industria salmonera la que se retracte de sus posturas. «Llamamos a un acto de conciencia de los propietarios del capital de la industria salmonera. De los accionistas, de los bonistas, de las gerencias de la industria salmonera, de todas las empresas. Que entiendan que esto es un acto de conciencia que va a favorecer a sus propias familias, a sus hijos, a las generaciones futuras. Eso es lo que estamos buscando nosotros», indica.

Pero también llama «a los trabajadores y las trabajadoras de la industria salmonera. A que no se dejen manipular ni engañar por una campaña del terror desinformada y falsa. También a la sociedad a que se informe, que lea y a que entienda estos temas. Nosotros lo que buscamos son proyectos mesurados. Es mesurado cuando tú no vas a aceptar que ingresen nuevas concesiones pero que las que están sigan trabajando. Es corregir un error, es que Chile se ponga al día en los acuerdos internacionales que ha firmado».

Vacíos

«Es paradójico pensar que se declare un área silvestre protegida, cuando en realidad no se le protege de nada, quedando a merced de un eventual plan de manejo que puede ser cambiado cada cinco años. Además, contradice la Convención de Washington, la que estipula claramente que el fin del establecimiento de áreas protegidas tiene como objetivo principal conservar la flora y fauna, entregando esa responsabilidad al Estado y sus instituciones», acusa Oceana.

«La aprobación del SBAP debe consagrar la certeza jurídica. El actual texto del proyecto deja un espacio abierto para la interpretación sobre si se puede o no otorgar una concesión en un área protegida, quedando a discreción del gobierno de turno dicha interpretación, lo que sería sumamente subjetivo y el caldo de cultivo para la judicialización. Para eliminar esta incertidumbre, el único camino es que no se permitan concesiones sectoriales industriales en las áreas protegidas», plantean desde la ONG.

El 14 de diciembre de 2021 el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) resolvió declarar 93,9 hectáreas de Mallinko Abtao Lawal de Puerto Montt como humedal urbano. El 27 de enero fue publicada la resolución por el Diario Oficial, por lo que el polígono acuoso ubicado en el sector de Alerce en Puerto Montt pasó a estar protegido por ley. Sin embargo, el pasado miércoles 17 de mayo, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia determinó que se revocaba dicha declaratoria.

Fueron varios años de lucha de diferentes organizaciones y comunidades mapuche huilliche para proteger el terreno ancestral. No obstante, un grupo de inmobiliarias que planean construir dentro de ese espacio se opusieron desde el primer momento. Por ello ingresaron el requerimiento al tribunal valdiviano el 10 de marzo de 2022, finalizando con el fallo a su favor la semana pasada.

El tribunal planteó que existieron vicios referidos a la opción de la empresa de contestar y contrastar información técnica del humedal en el proceso. Además, establecieron que faltó coordinación del Estado, debido a que se construirían viviendas, autorizadas por el Serviu, y el MMA debe velar por proteger los terrenos. Anteriormente, este tipo de casos en el resto del país fueron revisados, pero nunca se había revocado una declaratoria.

Acusaciones de racismo

Las comunidades que han actuado en defensa del Mallinko Abtao Lawal son Pascual Huanel, Lahuén y el Lof Coñuecar, con sus respectivas autoridades ancestrales. Quien también ha asesorando el proceso es el werkén de la comunidad Pepiukelén de Pargua, Francisco Vera Millaquén. Con más de quince años trabajando por los Derechos Humanos de comunidades mapuche huilliche, Vera acusa racismo del tribunal.

«No nos sorprende la acción que interpuso la empresa. Todo particular tiene derecho a las acciones judiciales que estime conveniente y que piense que le son favorables. Pero sí debo decir que el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia lo consideramos en primer lugar un fallo racista. En ninguno de los fallos anteriores se había anulado una resolución con una declaratoria de humedal urbano. Se retrotraía si había una mala aplicación de la normativa o que se había actuado con algún tipo de vicio», dice el werkén.

Y agrega que «en todos esos otros casos, los recurrentes o los defensores de los espacios no eran comunidades indígenas sino que eran organizaciones ambientales. Así que en ese sentido, nosotros tomamos este fallo, primero, como fallo racista y un fallo que no está pegado a derecho. Va a ser objeto de un recurso de queja ante la Corte Suprema. Recurso que debe iniciar el Consejo de Defensa del Estado (CDE)».

Análisis jurídico

Las declaratorias de humedales son emanadas desde el MMA tras un análisis que dura, al menos, seis meses. La seremi de Medio Ambiente en Los Lagos, Carolina Iturriaga, explica que «la división jurídica del MMA, se encuentra analizando los cursos de acción. Lo primero realizado es el envío información al CDE  para que evalúe la realización de un recurso de queja. Debiera resolverse de acuerdo a los plazos establecidos este miércoles 24 de mayo. Una vez conocida la respuesta del Consejo se verán las acciones que se tomarán directamente por parte del Ministerio».

Pese a la negativa del fallo, Iturriaga asegura que esto no impide la protección del acuífero. «El humedal Mallinko Abtao Lawal en ningún caso queda sin protección luego del fallo. De acuerdo a lo que se establece en la ley de humedales urbanos, todo humedal, declarado o no, que se encuentre parcial o totalmente dentro del límite urbano ya se encuentra protegido”, afirma.

Consultada la Inmobiliaria Pocuro, reclamante en el proceso, se limitaron a emitir una declaración en la que valoran el fallo . «(…) pues viabiliza nuestra labor, que es construir viviendas para familias de Puerto Montt, con pleno respeto al medioambiente», indica el documento. Antes de que siquiera entrara en vigencia la ley de Humedales Urbanos en 2020, habían dos proyectos inmobiliarios en el lugar. Uno de ellos contaba con financiamiento y permiso de la Dirección de Obras Municipales, según la empresa.

«Es decir, estamos hablando de terrenos urbanos, que cumplen todas las condiciones que establece el Plano Regulador Comunal», señalan. Además, se suman al llamado a que los órganos estatales involucrados se coordinen para proteger los humedales e impulsar políticas de vivienda en el sector. No respondieron por habitabilidad que tendrían en el futuro viviendas construidas en el espacio, pese a ser consultados.

La esperanza de las comunidades

Según comenta Vera Millaquén, la inmobiliaria «nunca ha tenido ningún acercamiento real con las comunidades». El werkén dice que las empresas no se acercan, generalmente, a las comunidades que buscan defender el territorio. «Sí se acercan cuando las comunidades locales tienen interés en negociar, de recibir algún tipo de dádiva, una mezquina en muchos casos», asevera.

También recuerda que hay jurisprudencia que pone el cuidado del medioambiente por sobre proyectos que lo afecten. «No hay que olvidar que hubo un fallo de la Corte Suprema de marzo de 2022, que estableció que ningún proyecto se puede ingresar en esos espacios sin ser evaluado ambientalmente. Deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. El hecho de ser declarado un humedal urbano está con una protección especial», indica.

Y para concluir, Vera sostiene que «el fallo, si bien es adverso, no es tan malo como se pensó en un primer momento. Es una alerta para que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Seremi local, enmiende el procedimiento y se establezcan los principios que estableció el Tribunal Ambiental. Básicamente, que el titular del terreno que se siente afectado, en este caso la inmobiliaria Pocuro, pueda ser informada del proceso que se lleva adelante.Que tenga el conocimiento de qué es un humedal y que va a ser así reconocido».