Durante las primeras horas de este miércoles se aprobó en general (por 40 votos a favor y 5 en contra) en la Sala del Senado la llamada Ley Nain-Retamal, o Ley «Gatillo Fácil» como la han nombrado sus detractores. Esto, pese a los reparos que emitieron expertos en seguridad, e incluso representantes de la ONU.

Además, el ejecutivo presentó indicaciones, manteniendo para la votación sólo una. «La imposibilidad de acceder a penas sustitutivas solo procede en caso de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones y homicidios», la que fue rechazada.

Diferentes organizaciones sociales osorninas emitieron una declaración rechazando la Ley Nain Retamal. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, el Movimiento Vivienda Digna Osorno, la Coordinadora Feminista 8M Osorno, Olla Dignidad y el movimiento Manos Construyendo firmaron la misiva.

En esta establecen que la ley «marca un retroceso directo para la clase trabajadora, su política, y su seguridad». El documento continúa argumentando que «otorga mayores atribuciones y blindajes a las fuerzas de orden y seguridad». Para la organizaciones estas «en ningún caso son garantías para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora en materia de seguridad pública o comunitaria».

Además, repudian «el giro autoritario que la derecha política intenta dar a la coyuntura política actual». También dirigen sus dardos al gobierno. «Lamentablemente el actual gobierno y sus partidos han caído en este juego político-mediático y han optado por absorber la agenda de la derecha», señala la declaración.

Llamado a otras organizaciones

Dentro del documento se realiza un llamado «a todas las organizaciones sociales a sumarse a las voces del rechazo a esta nociva ley Nain-Retamal».  Así también lo confirma Valentina Rojas, de la Coordinadora Feminista 8M Osorno. «Nuestro llamado es al pueblo y sus organizaciones y a sus diferentes expresiones. También interpelamos al parlamento por la responsabilidad histórica que tendrán con esta ley aprobada. Son los responsables de marcar un retroceso en derechos sociales y humanos en Chile», dice.

Sobre las siguientes instancias probables, Rojas señala que esperan «que el gobierno pudiera vetar este proyecto, aunque es evidente su inclinación a la agenda autoritaria de la derecha». Agregando que «habría que apostar a seguir haciendo presión mediática para que el Tribunal Constitucional (TC) intervenga».

Loreto González, vocera del Movimiento Vivienda Digna Osorno, apela también al veto. «No hay que negarse a la posibilidad de llevarlo al TC, pero sería más viable el veto», afirma. Asimismo, critica la posición del gobierno ante la Ley Nain-Retamal. «Apuesta por complacer a la derecha y su agenda autoritaria en desmedro de las que las organizaciones sociales han impulsado en los últimos 15 años en Chile.  Él dijo en su período de campaña que las representaba», asevera la dirigenta.

El riesgo y las propuestas

González hace hincapié en los efectos que tendría la ley en ciertos sectores de la ciudadanía. «Es sabido que la delincuencia en Chile está estigmatizada por sectores sociales. Siempre las noticias y la policía asocian estos delitos con barrios o sectores más pobres», argumenta.

«Las organizaciones sociales no podemos quedar indiferentes a una ley que nos afecta directamente. Salimos constantemente a la calle a manifestarnos, entonces estamos expuestos a la represión. La ley permite a las policías disparar con armamento letal en contra de cualquier persona bajo la justificación de que Carabineros se siente amenazados, dando impunidad», explica.

La vocera de 8M Osorno, Valentina Rojas precisa que «seguimos apostando por la reestructuración de las policías de seguridad y orden de nuestro país. Esto no significa fortalecer a Carabineros y su impunidad, sino por el contrario, crear nuevas bases según las causas del aumento de delitos en Chile. El reemplazo de Carabineros debería ser por una nueva policía y bajo el estricto control civil».

Un nuevo paso en busca de la verdad, la justicia y reparación dieron desde la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile (UNExPP). Esto luego de la presentación de la primera tanda de querellas por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

El trámite se concretó este jueves 30 de marzo en dependencias del Ministro en Visita Extraordinaria ubicadas en Temuco. Hasta allí llegaron representantes de la UNExPP, víctimas y abogadas de la Defensoría Comunitaria. Se ingresaron en esta oportunidad las primeras seis querellas contra el Estado de Chile. Se trata de casos de personas provenientes de Llifén, Desague Riñihue, Neltume, Los Lagos y Río Bueno.

Las víctimas son Rosamel Huadal, Emilio Albornoz, Rosa González, José Millanguir, José Navarrete y María Osman. Todos ellos tienen una historia que remite a prisión política y torturas durante la dictadura cívico militar. Se calcula que entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos son alrededor de 400 los casos de violaciones a Derechos Humanos en aquel período.

Responsabilidad del Estado

Para Nelly Cárcamo, presidenta de la UNExPP, este importante paso se da por el no cumplimiento del Estado con sus obligaciones. «Aquí y ahora denunciamos al Estado de Chile y responsabilizamos a todos sus administradores. De acuerdo a los tratados internacionales que suscribió, este debe perseguir la responsabilidad penal de los criminales y no lo han hecho. Nos condenaron a que nosotros mismos tomemos la iniciativa de ir en contra de la impunidad. El Estado, con todo los recursos a su disposición, nos traspasa forzosamente esta acción a un grupo de víctimas envejecidas y empobrecidas», afirmó tajante.

Es por eso que, tras el ingreso de la primera tanda de querellas puntualizó: «entendemos la justicia como un elemento que tiene tres ámbitos. Debe perseguir la responsabilidad de los torturadores o criminales, castigarlos ejemplarmente para que esto no vuelva a ocurrir y reparar a las víctimas como corresponde. El Estado de Chile no ha cumplido en ninguna. Sólo un puñado de criminales están presos en un hotel cinco estrellas como Punta Peuco».

Y agregó: «si el Estado y sus administradores saben perfectamente que existe esas deuda, por qué no la solucionan políticamente. De esa manera le llegaría la solución e indemnización a todas las víctimas. Muchas veces están en sectores rurales, no reciben la información y, a veces, no tienen idea de que tienen el derecho».

Sigue el trabajo

Una de las abogadas de la ONG Defensoría Comunitaria, Marcela Coronado, explicó que el trabajo realizado lleva más de un año y medio. Primero se firmó un acuerdo entre ambas organizaciones y se empezó a investigar de acuerdo a los antecedentes que podían recabar. Así se presentó la primera tanda de querellas.

«Traemos seis casos. Nos costó mucho tiempo poder contactar y ganarnos la confianza de las personas, porque no es fácil. Muchas veces han contado su relato y, con justificada razón, creen que no va a haber justicia. Pero salió y logramos unir a todas sus familias, a hijos, a nietos. Cómo va traspasándose ese daño, ese trauma y lo vivido es algo que nos ha sorprendido mucho», señaló.

También definió la motivación del trabajo como un «acto político». Y añadió: «Son ciertas convicciones que nosotros tenemos. Se tienen que reparar ciertas situaciones para poder seguir adelante. No vamos a poder avanzar nunca a la par o tener una sociedad justa si hay ciertos grupos que no han sido reparados por el Estado. Esta es la primera tanda, son muchos casos, a nosotros nos van a pasar alrededor de cuatrocientos casos. Nos pasaron una primera tanda de ochenta y de todo eso hemos podido trabajar en alrededor de veinte. Después de un año de trabajo salieron estas seis querellas, no es fácil recabar antecedentes y comunicarse».

Camila Huentequeo, otra de las abogadas que trabajó en los casos, afirmó que esto también se trata de un trabajo de memoria viva. «Para nosotras la memoria se ejerce de este tipo de formas, a propósito de los cincuenta años del golpe. Algunos ven con recelo las actividades, porque ven que puede ser un momento de instrumentalización política. Estos actos, que son más concretos y específicos y menos pomposos, siento que pueden llevar a efectos mucho más radicales y reparadores», dijo.

Durante este miércoles fueron aprobados en particular los artículos de la llamada Ley Naín-Retamal por la Cámara baja. Esto en el marco de la «agenda de seguridad» que se impulsa desde el gobierno y el Congreso tras la muerte de funcionarios de Carabineros el último mes. Agenda que ha sido calificada como «legislatura de matinal» por expertos en el tema. Una de las indicaciones que causaba resquemor en el oficialismo es la de la «legítima defensa privilegiada» para fuerzas de orden y seguridad.

Esta establece que se exime de responsabilidad criminal a carabineros, detectives y gendarmes en caso de uso de arma letal en el ejercicio de sus funciones. También se incluyen en la exención las agresiones con objetos contundentes y el uso de artes marciales.

«El efecto práctico de la norma propuesta es replicar la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa privilegiada, en los mismos términos actualmente existentes, para los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad, por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones», señala el informe técnico presentado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara en diciembre pasado.

Rechazo al «Gatillo Fácil»

La indicación tuvo 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de diputadas y diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista rechazaron la norma. De los nueve representantes de la región de Los Lagos sólo dos rechazaron la norma. Se trata de la diputada por el distrito 25, Emilia Nuyado (PS), y el diputado por el distrito 26, Jaime Sáez (RD).

La diputada Nuyado calificó esta indicación como «gatillo fácil». «Otorga facultades desproporcionadas. Se puede disparar a personas que no tienen armas, dejándolo a criterio del funcionario de Carabineros. Puede impactarle, además, a personas inocentes«, argumenta la legisladora.

«La gravedad que le tocó vivir durante el estallido social a muchas personas que salieron a manifestarse. El gatillo fácil dejó sin vista a muchas personas. Personas que tuve la oportunidad de escuchar en la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. También está el caso de la senadora Fabiola Campillai. Ella sufrió la pérdida de sus dos ojos a raíz del gatillo fácil de Carabineros», agrega Emilia Nuyado.

Impunidad

Para el diputado Jaime Sáez, la legítima defensa privilegiada es «inaceptable porque queda una situación de impunidad para los funcionarios policiales. Esto, ante eventuales actuares negligentes en la comisión de delitos. Eso es algo que nosotros no estuvimos dispuestos a aprobar».

El representante del Distrito 26 en la Cámara piensa «que es una ley que llega tarde a la protección de los policías. Llega a actuar una vez que los hechos están cometidos y no a prevenir que estos se cometan. Desde esa perspectiva no va a cambiar radicalmente, creo yo, la situación actual de las policías».

Además, según Sáez, lo que hay que hacer «es avanzar decididamente en mayor protección mediante recursos. Así tenemos una mejor dotación, mejor equipamiento, más capacitación, para que tengan mejores condiciones laborales al final del día. Ahí hay un debe importante. Esperamos que podamos tomar esas situaciones durante el transcurso de este año».

Senado

El proyecto pasó así a su segundo trámite legislativo en el Senado. La idea de la Cámara Alta es revisar, discutir y votar la ley este jueves. Hasta el momento, y con mayoría de la oposición en el Senado, es probable que este se apruebe. La duda es si será con modificaciones sustanciales o no.

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-23 de la Fundación Techo, en Chile hay 1.290 de este tipo de asentamientos donde viven 113.887 familias. Un aumento de casi un 40% de familias y de un 33% en el número de campamentos respecto de 2020-21. En la región de Los Lagos se asientan la mayoría de campamentos en Osorno  y Puerto Montt.

En la zona también hubo aumento, pero en porcentajes menores que a nivel nacional en aquel período de tiempo. El número de campamentos subió de 62 a 64 (3,23%), mientras que las familias viviendo en esos lugares incrementaron de 2.717 a 3.241 (19,29%) en toda la región.

Sin embargo, considerando la medición de 2018-19, resalta particularmente el aumento de campamentos en Osorno. En esa época había seis campamentos en la comuna. Hoy son 16 las tomas de terreno que están catastradas en Osorno. Un aumento de un 167%, convirtiéndose en una de las más altas a nivel país.

Campamento Dignidad, Sector Francke, Osorno, 2019.

Causas multifactoriales

No es sencillo establecer una causa para esta situación. Sin embargo, existen ciertas aproximaciones. Loreto González, vocera del Movimiento Vivienda Digna Osorno, manifiesta que hay un error en cómo el Estado plantea soluciones habitacionales.

«Cuando iniciamos la toma del campamento Dignidad en Francke, fue con un grupo de familias que buscaba una solución habitacional. La mayoría de la gente lo hizo porque no podía pagar un arriendo, los sueldos no alcanzan, diversas razones. Luego de eso empiezan conflictos dentro del campamento y eso se fue para otro lado», asegura la dirigenta.

«En el tema habitacional ellos postulan por una línea diferente que es la línea campamento. Nosotros lo hacemos por la línea oficial, teniendo miembros que viven en campamentos. Entonces el mensaje que se ve de afuera, y que se comenta en las asambleas, es que si te tomas un terreno te darán casa más rápido. Yo considero que el mensaje que se entrega es erróneo si se quieren erradicar los campamentos», explica González.

Presente y pasado

Daniel Silva es candidato a Doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos. Además es académico de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás de Osorno. Realiza investigación sobre este tema.

«Si solamente fueran las condiciones materiales la causa de las tomas, no podríamos explicar por qué personas que sufren las mismas condiciones de pobreza y que también han sido excluidas al sistema de acceso a la vivienda reaccionan de manera diferente, es decir, no se toman un terreno», dice Silva.

Por lo que, a su juicio, hay dos factores fundamentales: «los acontecimientos políticos y las trayectorias de vida de las personas», afirma. Y argumenta. «No es casualidad que la proliferación de las tomas de terreno se hayan producido en el contexto del estallido social y la pandemia. Son dos acontecimientos que permiten la re emergencia de acciones colectivas que van en contra de lo establecido».

Para el segundo motivo mencionado explica: «hemos constatado un vínculo pasado de carácter socio emocional directo o indirecto con las ocupaciones de sitio».  Según el académico, «muchas de las personas que participan de estos eventos en su vida han tenido acercamientos pasados con la toma de terreno. Ya sea porque así vivieron cuando pequeños o sus padres lograron conseguir una vivienda definitiva tras una toma. También porque viven en un territorio formado a partir de una toma de terreno o tienen vínculos y amistades con personas que participaron de estas».

Mapeo campamentos en Osorno. Fuente: techo.cl

Déficit

No hay cifras oficiales en cuanto al déficit de viviendas en la comuna. Las estimaciones se sitúan entre las 3.500 y 5.500 viviendas, según un estudio de la plataforma Déficit Cero y la Universidad Católica. Desde el Ministerio de Vivienda calculan en unas 4 mil viviendas faltantes.

«El ultimo catastro del que teníamos conocimiento era del 2019. Habían más de 4 mil familias postulando por comités de vivienda. Después del estallido social y la pandemia surgen una serie de tomas y consideramos que ese catastro sube. Calculamos que ahora deben haber unas 7 mil familias en Osorno esperando solución habitacional», afirma Loreto González.

Y para explicar el por qué no hay avances en la materia, dice que «el diagnóstico es que en Osorno hay muchos terrenos, pero están destinados a suelo industrial o agrícola y no para construir viviendas». También lo asocia a falta de voluntad política y de privados. «Osorno es una ciudad muy clasista, donde quienes tienen plata tienen todos los terrenos cerca de Osorno en el radio urbano. Ellos no quieren viviendas sociales que colinden con sus terrenos. Es lo que directamente está pasando en Predio Baquedano», comenta.

Silva coincide con la dirigenta social. «Hay un tema de límite de usos de suelo urbano. Hay un concepto que se utiliza mucho en la academia que es el consumo neoliberal del suelo. Los terrenos con mayor posibilidad de crecimiento son ocupados por el sector privado y los más alejados del centro urbano, generalmente se utilizan para viviendas sociales», señala.

Soluciones

Tanto para mejorar el acceso a la vivienda como para erradicar campamentos en Osorno, se necesitan soluciones mayúsculas. Daniel Silva plantea que estas deben ser integrales. «La experiencia comparada así lo plantea.Deben ser medidas concretas, pero también eficientes. La política de vivienda del Estado subsidiario, donde el privado construye y los más vulnerables esperan pasivamente ser sujetos de políticas públicas ha fracasado», afirma tajante.

«Debe existir un trabajo colaborativo entre la sociedad civil, el Estado y los privados con roles equilibrados. Los pobres urbanos también deben poder expresar qué viviendas y barrios desean habitar. Así se configura un sentido de pertenencia que permite construir comunidades más organizadas. Serán barrios más seguros y sostenibles en el tiempo.  Así se hizo en su tiempo en la Población Maximiliano Kolbe», reflexiona Silva.

Para Loreto González debe aumentarse el presupuesto destinado a viviendas sociales. «Por ahí va el tema de erradicar campamentos. El presupuesto para construir viviendas debe aumentar. Hacemos un llamado a los parlamentarios del distrito para que hagan su trabajo. Hemos conversado en el Serviu  y nos dicen que es una pega de los parlamentarios».

Sin saber cuando contarán con una solución habitacional definitiva, Loreto González tiene una certeza: «nuestra lucha es más grande que una casa».